El gobierno de Abelardo de la Espriella avanza con un nuevo método de contratación pública que, según la información divulgada por el propio Ejecutivo, ya registra más de 260.000 personas inscritas en el proceso de inscripción, de acuerdo con el reporte de Infobae.
El presidente electo fue enfático al presentar el mecanismo: aseguró que durante su administración no se entregarán empleos por influencias externas. Con esa declaración, el Mandatario buscó desligar la nueva modalidad de los esquemas tradicionales de clientelismo y meritocracia informal que han rodeado históricamente la contratación estatal en Colombia.
El nuevo modelo se inscribe en una discusión de fondo sobre el ingreso y la permanencia en el servicio público. En Colombia, la contratación de personal en entidades del Estado se ha regido por reglas contenidas en la Constitución, en la Ley 909 de 2004 para la carrera administrativa y en normas complementarias que regulan las distintas modalidades de vinculación: carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionalidad y contratación por prestación de servicios.
El contraste con ese marco es el punto central del anuncio. La promesa de que no habrá puestos asignados por favores externos apunta directamente a uno de los reclamos más reiterados por la ciudadanía en las últimas décadas: la percepción de que buena parte de los empleos oficiales se reparten por recomendación política o por redes de contacto, y no por mérito ni por concurso.
Para los aspirantes, el anuncio tiene efectos prácticos. Si el sistema se aplica como se describe, las 260.000 personas inscritas competirían por cupos en condiciones de mayor igualdad, al menos en la etapa de selección inicial. Sin embargo, el propio reporte no detalla todavía cuántos cargos serán cubiertos por esta vía ni en qué entidades empezará a operar.
La iniciativa también se ubica en un momento sensible para el empleo público colombiano. El país arrastra desde hace varios años un debate sobre el tamaño de la planta estatal, la proliferación de contratos de prestación de servicios y los límites entre meritocracia y discrecionalidad en los nombramientos. Cualquier cambio en la puerta de entrada al Estado suele ser leído por analistas como una señal del rumbo que tomará la nueva administración en materia de función pública.
Desde el plano institucional, el nuevo esquema requerirá articulación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad encargada de adelantar los concursos de méritos para los cargos de carrera, y con los departamentos administrativos de la Función Pública y de Planeación Nacional. La coordinación con estos organismos será determinante para que las inscripciones se traduzcan en nombramientos efectivos y no se queden en un registro sin efectos concretos.
Para la ciudadanía, el componente más sensible es el de la transparencia. Si el sistema permite auditar cada paso del proceso, desde la inscripción hasta la asignación del cargo, el beneficio se medirá en términos de confianza. Si, por el contrario, queda en una etapa de inscripción masiva sin reglas claras de selección y sin veeduría independiente, el riesgo de frustración será alto, dada la cantidad de personas que ya se han registrado.
Por ahora, el reporte conocido deja abiertas varias preguntas. No se precisa el cronograma de implementación, la dependencia que administrará la base de datos, los criterios técnicos de preselección ni el sistema de reclamaciones para quienes consideren que su evaluación fue irregular. Tampoco se conoce si habrá una fase de pruebas, de entrevistas o de verificación de hojas de vida.
Queda pendiente entonces que el gobierno entrante publique los lineamientos completos del nuevo modelo de contratación. Esa publicación será la que permita comparar el discurso de cero favores externos con la letra menuda del procedimiento y, sobre esa base, evaluar si los más de 260.000 inscritos tendrán reglas claras o si el sistema quedará a medio camino entre el concurso de méritos y la discrecionalidad política, según Infobae.