El Gobierno nacional expidió un decreto mediante el cual amplió a 30 meses el plazo para que la Superintendencia Financiera defina los estándares técnicos y la información de reporte requeridos para implementar la portabilidad financiera en el país, según reportó Portafolio.co. La extensión del plazo fue la modificación central del nuevo acto administrativo.
La portabilidad financiera es una figura orientada a facilitar que los usuarios del sistema puedan trasladar productos como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito o créditos de una entidad a otra, sin perder la antigüedad ni las condiciones previamente adquiridas. En la práctica, busca reducir las barreras de salida que hoy dificultan el cambio entre bancos y otras entidades vigiladas por la Superfinanciera.
La norma original había previsto un plazo más corto para que el regulador del sistema financiero estableciera las reglas del juego. Con la expedición del nuevo decreto, el Gobierno argumentó la necesidad de disponer de un tiempo mayor para construir los estándares técnicos y los esquemas de información que exige un proceso de esta naturaleza, según lo consignado por Portafolio.co.
Durante el período de transición, la Superintendencia Financiera deberá avanzar en la definición de protocolos, formatos de reporte y condiciones operativas que permitan que la portabilidad opere de manera estandarizada entre las distintas entidades del sector. La entidad, además, tendrá que coordinar con bancos, cooperativas y demás vigilados los ajustes requeridos en sus sistemas.
La decisión ha sido interpretada en distintos sectores como una señal de prudencia frente a la complejidad técnica del proceso. Quienes defienden la extensión argumentan que apresurar la entrada en operación del esquema podría generar riesgos operativos en las entidades y afectar a los propios usuarios. Otros sectores han expresado preocupación por el efecto que la prórroga pueda tener sobre la competencia en el sistema financiero.
En términos de impacto ciudadano, la medida aplaza un cambio que los consumidores venían esperando desde hace varios años. La portabilidad, cuando entre en operación, se proyecta como una herramienta para aumentar la competencia entre entidades y para que los usuarios accedan a mejores tasas y condiciones mediante la movilidad entre productos financieros. Hasta tanto se definan los estándares, esa posibilidad continúa en construcción.
Entre los puntos que deberán resolverse en los próximos meses están la interoperabilidad de los sistemas de las entidades, el tratamiento de los productos atados a la antigüedad del cliente, los mecanismos de seguridad para el traslado de información y los plazos máximos de tiempo en que cada entidad deberá completar el proceso una vez el usuario lo solicite. Estos aspectos quedaron en manos del regulador.
El decreto fija ahora un horizonte de 30 meses para que la Superfinanciera culmine la regulación técnica. Cumplido ese período, el sistema financiero colombiano quedaría en condiciones de ofrecer portabilidad plena a los usuarios, un paso que el propio Gobierno y el regulador han presentado como un avance en derechos del consumidor financiero. Hasta entonces, los ciudadanos deberán seguir ateniéndose a los procedimientos vigentes para cambiar de entidad.