El presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa una iniciativa orientada a aumentar las penas para ciertos delitos en Colombia, según reportó Noticiero 90 Minutos. La propuesta apunta a modificar los marcos de punibilidad vigentes y a fortalecer la respuesta del Estado frente a conductas que, según el Gobierno, golpean de manera directa la seguridad de los ciudadanos.
El sistema penal colombiano contempla actualmente un esquema de cuatroistemas de penas divididos en cuartos, dentro de los cuales los jueces deben ubicar la sanción según la gravedad del hecho, los antecedentes del procesado y los atenuantes que se acrediten en el proceso. Cualquier modificación en los mínimos y máximos de cada categoría impacta de manera directa ese margen de discrecionalidad que tienen los operadores judiciales.
El debate sobre endurecer las penas no es nuevo en el país. En las últimas décadas, distintas administraciones han impulsado reformas que buscaban castigos más altos para delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar, el narcotráfico y los crímenes contra la fuerza pública. Los resultados de esas reformas han sido objeto de discusión, porque las cifras de criminalidad no siempre acompañan los incrementos en las sanciones.
Para los ciudadanos de a pie, el alza de las penas tiene efectos prácticos en la duración de los procesos, en las condiciones de hacinamiento de los centros de reclusión y en las posibilidades de resocialización de quienes cumplen condena. Organizaciones de derechos humanos y sectores del sector judicial suelen advertir que las sanciones más largas no necesariamente reducen la reincidencia si no van acompañadas de políticas de prevención y de programas efectivos dentro de las cárceles.
La propuesta llega en un contexto donde la percepción de inseguridad ocupa un lugar central en la opinión pública. Encuestas recientes suelen señalar que la ciudadanía reclama acciones concretas frente a delitos como el robo, la extorsión y los ataques contra la fuerza pública, temas que forman parte de la agenda con la que el Gobierno de De La Espriella se presentó ante los electores.
Desde el sector productivo y desde los gremios también se ha expresado preocupación por el efecto que pueden tener penas muy elevadas para delitos económicos y patrimoniales, porque pueden terminar afectando la actividad empresarial legítima y el clima de inversión. La diferenciación entre el crimen organizado y la criminalidad común es uno de los puntos que suelen ponerse sobre la mesa cuando se discuten estos ajustes.
Otro frente sensible es el de los delitos contra la mujer y los integrantes de la fuerza pública, que han ganado visibilidad en los últimos años. Para esos casos, el debate ha incluido tanto el aumento de penas como la creación de tipos penales específicos y la posibilidad de impedir la sustitución de la detención preventiva, con el argumento de proteger a las víctimas.
La iniciativa ahora deberá recorrer el camino legislativo. Para que se convierta en ley necesita ser presentada formalmente ante el Congreso, debatida en las comisiones primeras de Senado y Cámara y sometida a los controles de constitucionalidad que aplican a cualquier reforma al Código Penal. Hasta que ese proceso no concluya, las penas vigentes se mantienen tal como están.
Queda pendiente conocer el texto exacto de la propuesta, los delitos específicos que serían alcanzados por el aumento de penas y los mecanismos que el Gobierno plantea para evitar que la mayor severidad termine traduciéndose en más congestión judicial y más presos sin condena firme. También está sobre la mesa la pregunta de cómo se articulará la reforma con la política de seguridad integral y con los acuerdos de cooperación internacional que Colombia mantiene en materia penal.