El Gobierno nacional avanza en una reforma al Código Nacional de Tránsito, la norma que regula la circulación de vehículos y peatones en Colombia. Según reportó Publimetro, los cambios en estudio podrían afectar varios apartados sensibles para los conductores: el esquema de multas y fotomultas, los requisitos para obtener y renovar la licencia de conducción y los lineamientos de la revisión técnico-mecánica.
El Código Nacional de Tránsito, vigente desde hace más de dos décadas, establece las reglas de comportamiento en las vías, las sanciones por infracciones y los estándares técnicos que deben cumplir los vehículos. Su actualización ha sido un tema recurrente en los debates de movilidad del país, donde convergen préoccupations de seguridad vial, modernización tecnológica y capacidad de las autoridades de tránsito para fiscalizar.
Uno de los puntos que más expectativa genera es el de las fotomultas, los comparendos electrónicos que captan infracciones de forma automatizada. Cualquier modificación en este frente tiene efecto directo sobre las finanzas de los conductores y sobre los ingresos de los municipios, que en buena medida dependen de esas sanciones para financiar la operación de sus secretarías de tránsito.
El régimen de licencias de conducción es otro de los focos de la reforma. Ajustes en los requisitos, los exámenes médicos o la vigencia de las licencias pueden ampliar o restringir la base de conductores habilitados. La revisión técnico-mecánica, por su parte, es el filtro técnico que certifica las condiciones de los vehículos y, en la práctica, define qué automotores pueden seguir circulando en el país.
Para los ciudadanos, una reforma de este tipo implica cambios en los costos de tener un vehículo, en los trámites ante las autoridades de tránsito y en la forma de demostrar que se está habilitado para conducir. Conductores, motociclistas y propietarios de vehículos particulares son los primeros llamados a revisar el detalle de cada artículo una vez se conozca el texto definitivo.
Por ahora, el Gobierno no ha divulgado el articulado completo ni la fecha de radicación del proyecto. Las autoridades tampoco han precisado si la reforma se tramitará por vía ordinaria en el Congreso o mediante un decreto con fuerza de ley, una decisión que marcará la velocidad del debate y la profundidad de los ajustes.
El sector transporte y los gremios de conductores estarán atentos al texto final, pues las modificaciones a sanciones y licencias suelen concentrar la discusión pública. También las alcaldías y los organismos de tránsito territoriales, que son los encargados de aplicar la norma en calles y carreteras.
En conjunto, la reforma llega en un momento en que la movilidad urbana enfrenta presión por el crecimiento del parque automotor, la congestión en las principales ciudades y los retos de seguridad vial. El alcance de los cambios dependerá del texto que se presente y de cómo avance su trámite en las instancias competentes.