Miroslav Jenča, representante de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, pidió al nuevo gobierno nacional dar continuidad a lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP. Sus declaraciones fueron recogidas en una nota titulada 'Confiamos en que el nuevo gobierno dará continuidad a lo pactado', según la fuente consultada.
El Acuerdo de Paz de 2016 puso fin al conflicto armado con las FARC y abrió una etapa de implementación en seis puntos clave: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdo sobre las víctimas y mecanismos de implementación. A casi una década de su firma, la ONU ha reiterado en distintos escenarios que el avance en esos puntos sigue siendo desigual y que la demora en su ejecución afecta la confianza de las comunidades.
Desde la ONU también se lanzó una alerta específica sobre la violencia rural. Jenča señaló que los vacíos de presencia estatal en buena parte del territorio colombiano facilitan el accionar de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Donde no llega el Estado con justicia, seguridad ni servicios básicos, advirtieron, tienden a proliferar economías ilícitas, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados.
La advertencia del organismo internacional llega en un momento sensible para el país. El nuevo gobierno que preside Abelardo de la Espriella asumió la dirección del Estado y, con ella, la responsabilidad de definir la velocidad y el rumbo de la implementación de lo pactado. Sectores académicos y de derechos humanos han subrayado en el pasado reciente que cualquier giro en la política de paz tiene efectos directos sobre los excombatientes que siguen en proceso de reincorporación y sobre los territorios que esperaban inversión.
La petición de continuidad también se inscribe en una preocupación más amplia de la comunidad internacional. Misiones de verificación de la ONU en Colombia, encabezadas políticamente por Jenča, han acompañado al país durante el proceso de implementación y han emitido reportes periódicos sobre el cumplimiento de los compromisos en materia de seguridad, justicia transicional y reintegración comunitaria.
En la práctica, la continuidad del Acuerdo implica sostener los espacios de diálogo con las comunidades, garantizar la seguridad de los firmantes, avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito y fortalecer la presencia institucional en los municipios más afectados por el conflicto. También implica dar trámite a la participación política de quienes dejaron las armas y mantener activos los mecanismos de justicia transicional.
La advertencia sobre los vacíos estatales pone el foco en una de las deudas históricas del Estado colombiano: la ausencia sostenida de servicios públicos, vías, justicia y protección en extensas zonas rurales. Esa ausencia es considerada por organismos como la ONU y la CIDH como uno de los factores estructurales que explican la persistencia de la violencia y la dificultad para consolidar la paz territorial.
Para la ciudadanía, el llamado de la ONU tiene lecturas concretas. En primer lugar, sobre los excombatientes y sus familias, que dependen de la continuidad de los programas de reincorporación. En segundo lugar, sobre los campesinos, indígenas y afrodescendientes que habitan zonas históricamente afectadas por el conflicto y que esperan del nuevo gobierno señales claras sobre inversión y protección. Y, en tercer lugar, sobre la institucionalidad del país, que enfrenta el reto de demostrar que la paz firmada se traduce en cambios verificables en la vida diaria.
Queda por verse cómo el nuevo gobierno responderá de forma oficial a este llamado. La ONU, por ahora, dejó clara su expectativa de continuidad y, al mismo tiempo, un mensaje de alerta: sin presencia estatal efectiva, los acuerdos corren el riesgo de quedarse en el papel.