El Gobierno confirmó el despliegue de brigadas de técnicos y administrativos que recorrerán los hogares puerta a puerta para revisar los medidores de servicios públicos. La medida fue anunciada este martes y busca detectar de forma directa conexiones clandestinas, manipulaciones en los equipos de medición y fraudes que afectan la facturación y la calidad del servicio, según reportó El Cronista.
Las inspecciones se enmarcan en las facultades de verificación que tienen las entidades prestadoras de servicios públicos y los organismos de inspección, vigilancia y control sobre el uso adecuado de la infraestructura domiciliaria. En Colombia, los medidores son el punto de medición del consumo real de energía, agua y gas, y cualquier alteración impacta tanto a los usuarios como al sistema de tarifas que pagan los demás suscriptores.
El operativo contempla visitas programadas en zonas urbanas y rurales, con personal capacitado para identificar desde derivaciones no autorizadas hasta inversiones de medidores y puentes que alteran el registro del consumo. Cuando se encuentre una anomalía, los técnicos deberán levantar un acta y notificar a la empresa prestadora correspondiente para que adelante el proceso administrativo y, si es del caso, el cobro de la energía o el agua consumida y no facturada.
Para los usuarios la operación tiene implicaciones prácticas. Quienes reciban la visita deberán permitir el acceso al medidor y, en caso de encontrar alguna irregularidad, tendrán derecho a presentar descargos y a recibir copia del acta de inspección. Las empresas están obligadas a respetar el debido proceso y a informar previamente sobre los criterios técnicos que se aplicarán durante la revisión.
Desde el punto de vista del sistema, las conexiones clandestinas representan pérdidas técnicas y comerciales que se trasladan a las tarifas de todos los usuarios. Por eso, además del componente sancionatorio, la jornada de inspección suele acompañarse de campañas para que hogares y pequeños comercios regularicen su situación, accedan a medidores legales y conozcan los riesgos eléctricos y de salud que implica una conexión no autorizada.
El Gobierno no entregó por ahora un cronograma detallado de las ciudades ni de las fechas en que iniciarán las visitas. Tampoco se conoció el número total de técnicos que participarán en la primera fase del operativo ni las regiones priorizadas, datos que se esperan en los próximos comunicados oficiales de las entidades involucradas.
Las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar que el personal llegue identificado, con uniforme y credencial de la empresa o de la entidad contratista, y desconfiar de personas que pidan pagos en efectivo a cambio de supuestas revisiones. Cualquier cobro indebido puede ser denunciado ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
Queda por definirse el alcance final del programa, las sanciones para quienes resulten con conexiones no autorizadas y los mecanismos de financiación o condonación para quienes voluntariamente quieran ponerse al día con su servicio. El resultado de las primeras brigadas servirá para calibrar la magnitud de las pérdidas y la respuesta de los usuarios.