El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui solicitó al presidente Abelardo de la Espriella la militarización de tres localidades del sur y occidente de Bogotá. La petición fue radicada ante el Gobierno nacional y sustentada con las cifras de homicidio que esas zonas registraron durante 2024.
Según el extracto de El Heraldo, los datos en los que se apoya el congresista corresponden a 236 homicidios en Ciudad Bolívar, 174 en Kennedy y 118 en Bosa a lo largo del año pasado. Uscátegui considera que esas cifras justifican una intervención directa de la Fuerza Pública en coordinación con las autoridades distritales. La solicitud se enmarca en el debate nacional sobre la capacidad operativa de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Las tres localidades mencionadas concentran una parte importante de la población del suroccidente de la capital. Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa son sectores densamente habitados, con zonas de ladera y barrios donde las denuncias ciudadanas sobre extorsión, hurto y presencia de estructuras armadas han sido recurrentes en los últimos años. La militarización implicaría el despliegue permanente de unidades del Ejército Nacional en tareas de seguridad urbana, una figura contemplada en la legislación colombiana bajo la figura de zonas de intervención especial.
La petición se conoce en medio de las discusiones sobre los límites de la fuerza militar en ciudades. Distintos sectores han cuestionado el uso del Ejército para tareas de vigilancia cotidiana en centros urbanos, al argumentar que esa función corresponde constitucionalmente a la Policía Nacional. Al mismo tiempo, gobiernos locales y comandantes regionales han recurrido a esa figura cuando los indicadores de criminalidad superan umbrales críticos. Uscátegui fundó su argumento en las estadísticas de 2024 sin detallar todavía la metodología de despliegue propuesta.
El Gobierno nacional aún no se ha pronunciado de forma pública sobre la solicitud. De aprobarse, la decisión requeriría un decreto del Ministerio de Defensa y la articulación con la Alcaldía de Bogotá, competente en materia de orden público dentro del Distrito. La capital ha tenido experiencias previas de militarización temporal, especialmente tras hechos de violencia que desbordaron la capacidad policial. También existen antecedentes de operativos conjuntos entre Policía y Ejército en zonas de alta criminalidad.
Para los habitantes de las localidades afectadas, el anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre seguridad. Organizaciones sociales y consejos comunitarios suelen acompañar este tipo de medidas con llamados a garantizar que las operaciones respeten los derechos humanos y no se traduzcan en estigmatización de los barrios. Las autoridades distritales, por su parte, han subrayado en otras ocasiones la necesidad de combinar la fuerza con políticas sociales y de inteligencia.
Queda por conocer la respuesta oficial del presidente De la Espriella y del Ministerio de Defensa, así como los plazos que eventualmente se fijen para una intervención en esas tres localidades. También se espera el pronunciamiento de la Alcaldía Mayor y de la Policía Metropolitana sobre los operativos coordinados que ya se realizan en esos sectores y los recursos disponibles para reforzarlos.