Legisladores de distintas bancadas remitieron al presidente Abelardo de la Espriella una solicitud formal para que derogue las resoluciones que dieron vida a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, una figura creada en el gobierno de Gustavo Petro. Según Infobae, la petición incluye la revocación desde el primer día de la nueva administración.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos fueron una herramienta del gobierno anterior dirigida a restringir actividades en zonas rurales consideradas estratégicas para la producción agroalimentaria del país. La medida buscaba proteger suelos aptos para la siembra frente a proyectos de exploración, minería o urbanización, entre otros.
Los congresistas firmantes sostienen que esas resoluciones afectan la seguridad jurídica, porque introducen restricciones que, según ellos, no contaron con un marco legal claro. Argumentan también que comprometen la autonomía territorial, al limitar las decisiones de los municipios y departamentos sobre el uso del suelo en sus jurisdicciones.
La petición añade que las áreas protegidas comprometen la propiedad privada, pues imponen limitaciones a dueños de predios rurales sin que, según los legisladores, exista un proceso de compensación plenamente definido. Esa interpretación ha sido debatida en escenarios judiciales y académicos desde la expedición de las normas.
Para los solicitantes, derogar estas resoluciones desde el inicio del nuevo gobierno es una señal de respeto a la legalidad y a los derechos de los propietarios rurales. Consideran que la seguridad jurídica es condición básica para atraer inversión y garantizar confianza en las zonas agrícolas.
La solicitud llega en un momento en que el Congreso debate el alcance de varias figuras de protección ambiental y agropecuaria. Sectores productores habían expresado previamente preocupación por el efecto de estas áreas sobre proyectos productivos, mientras organizaciones ambientales y campesinas las defendían como un mecanismo para preservar la capacidad alimentaria del país.
Desde el ámbito territorial, alcaldes y gobernadores de regiones agrícolas habían reclamado durante los últimos años mayor claridad sobre los límites de las Áreas de Protección y su interacción con los planes de ordenamiento territorial. La figura generó controversias por la superposición con otras zonas ya protegidas, como parques nacionales y resguardos indígenas.
La decisión sobre la derogación queda en manos del nuevo gobierno, que tendrá la potestad de revisar las resoluciones expedidas y, eventualmente, expedir nuevas normas que regulen la protección de suelos agrícolas. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente serían las carteras llamadas a evaluar el alcance del pedido.
El Observatorio ciudadano seguirá el trámite de esta solicitud y las decisiones que adopte el gobierno de Abelardo de la Espriella frente a las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, un tema que involucra a productores rurales, entidades territoriales y organismos de control.
Por ahora, el pedido queda formalmente radicado ante la Presidencia y las carteras competentes, a la espera de una respuesta oficial sobre los pasos a seguir.