Según publicó Portafolio.co, el Congreso avanza en un análisis para que la posesión presidencial del 7 de agosto no se celebre en el Capitolio Nacional, en Bogotá, como ha sido tradición en Colombia. El traslado temporal de la sede legislativa requiere un acuerdo previo entre las dos cámaras del Congreso.
La propuesta se inscribe en una discusión más amplia sobre la cercanía del Gobierno con las regiones. Sacar la ceremonia de la capital implicaría un gesto simbólico hacia ciudades distintas a Bogotá, donde se concentran tradicionalmente los actos oficiales del Estado.
En Colombia, la posesión presidencial es el acto protocolario en el que el jefe de Estado jura el cargo ante el Congreso. Por ley, la ceremonia puede celebrarse en cualquier sede legislativa si las dos cámaras lo aprueban, lo que abriría la puerta a que la jornada tuviera lugar en otro municipio del país.
El procedimiento exige que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprueben el cambio de sede. Hasta ahora, según el reporte de Portafolio.co, no hay una decisión final adoptada por las dos plenarias, pero el tema ya se encuentra sobre la mesa.
Abelardo de la Espriella resultó elegido en el más reciente ciclo electoral y debe asumir el mando el 7 de agosto del año en curso. Su posesión marca el inicio formal de un nuevo periodo constitucional al frente de la Presidencia de la República.
La decisión sobre el lugar de la ceremonia también tendría efectos prácticos en materia de logística, seguridad y transmisión institucional. Una posesión fuera de Bogotá demandaría un dispositivo de seguridad ampliado y la coordinación con la gobernación y la alcaldía del municipio elegido, si las cámaras avalan el cambio.
El Congreso deberá resolver si mantiene la tradición de juramentar al presidente en el Capitolio Nacional o si aprueba la salida temporal de la sede legislativa. La definición se espera antes de la fecha prevista para la ceremonia, según la información divulgada por Portafolio.co.
Por ahora, distintos sectores políticos observan el proceso sin pronunciamientos públicos en bloque, a la espera del texto concreto que se someta a votación. La decisión final quedará en manos de las bancadas del Senado y la Cámara, cuyas mesas directivas han encabezado las conversaciones iniciales.