El Congreso Andesco 2026 reunió a representantes del sector de servicios públicos con el Gobierno para discutir la agenda del año. Según el reporte de Canal 1, las compañías plantearon como prioridad tres frentes: energía, agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Andesco agrupa a las principales empresas prestadoras de servicios públicos del país y suele usar estos espacios para presentar al Ejecutivo las necesidades regulatorias del sector. En esta edición, la conversación giró en torno a la reconstrucción nacional luego del terremoto que sacudió varias zonas del territorio.
El pedido central de los empresarios fue garantizar seguridad jurídica para las inversiones. La solicitud apunta a que las reglas de juego sean estables y predecibles, condición que el sector considera indispensable para financiar obras de reconstrucción y para ampliar la cobertura en las regiones afectadas.
Desde el Gobierno se respondió con el compromiso de ofrecer incentivos a la inversión privada. El anuncio se dio en el marco del congreso, aunque la fuente no precisa el tipo de instrumentos ni los plazos previstos para su implementación.
Los servicios públicos de energía, agua y TIC fueron identificados como los frentes más urgentes. En el caso de la energía, la prioridad suele estar asociada a la restauración de redes y al restablecimiento del suministro en las zonas damnificadas. En agua, el foco se concentra en acueductos y plantas de tratamiento que suelen sufrir daños severos tras un sismo.
En materia de TIC, la demanda apunta a mantener y expandir la conectividad, un servicio que durante emergencias facilita las comunicaciones entre afectados, equipos de rescate y autoridades. Una red de telecomunicaciones operativa es además soporte para la coordinación de la ayuda.
La cita entre el sector privado y el Gobierno se produce en un momento en el que la reconstrucción exige montos elevados y decisiones técnicas en plazos cortos. El diálogo en Andesco es una de las instancias donde el Ejecutivo escucha a los prestadores antes de definir políticas.
Queda por conocer el detalle de los incentivos prometidos y cómo se traducirán en decisiones concretas. Las empresas, por su parte, esperan que el compromiso se materialice en normas estables que permitan planificar inversiones de mediano y largo plazo en las zonas impactadas.