Una propuesta legislativa para derogar la política de paz total ya fue radicada ante el Congreso de Colombia, según informó Primicias. El texto, que se enmarca en el cambio de gobierno que se avecina en el país, contempla revocar el marco jurídico que permitió los diálogos y acercamientos con distintos grupos armados durante la administración de Gustavo Petro.
La iniciativa incluye, entre sus puntos centrales, la reactivación de las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones armadas que hicieron parte de los procesos de negociación. Con esa medida, los líderes de esos grupos dejarían de contar con los beneficios procesales que les extendió la ley de paz total, como la suspensión temporal de las capturas.
La paz total fue una de las banderas del gobierno de Petro desde su posesión en agosto de 2022. La estrategia buscaba abrir conversaciones simultáneas con grupos como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras organizaciones, bajo el argumento de que la negociación simultánea permitiría reducir la violencia con mayor rapidez. La ley que le dio sustento fue la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de paz total.
Durante los años de aplicación, la política registró resultados parciales. Con el ELN se adelantaron ciclos de diálogo en México, Cuba y otros países, aunque las hostilidades en varias regiones del país continuaron de forma paralela. Con las disidencias de las FARC se firmó un acuerdo en 2024, pero su implementación enfrentó múltiples tropiezos y denuncias de incumplimiento por ambas partes. Otros grupos, como el Clan del Golfo, rechazaron sumarse al proceso.
El nuevo proyecto coincide con el inicio de un nuevo periodo legislativo y con el empalme entre el gobierno saliente y el entrante. La propuesta recoge el sentir de sectores políticos que consideraron que la estrategia de negociación paralela debilitó la capacidad del Estado para judicializar a los responsables de delitos graves, entre ellos secuestro, extorsión y reclutamiento de menores.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos prácticos. La derogación de la ley implicaría que los beneficios penales otorgados a quienes se acogieron al marco de la paz total, incluyendo la suspensión de capturas y la posibilidad de gestionar su situación jurídica fuera de los tribunales ordinarios, dejen de aplicarse. Esa transición puede traducirse en nuevas órdenes de captura y en la reactivación de procesos penales que quedaron en suspenso.
En materia de seguridad, la decisión legislativa también condiciona el futuro de las mesas de diálogo instaladas con grupos que aún están activos. Expertos en conflicto armado han señalado que un cambio abrupto en el marco legal podría llevar a esas organizaciones a abandonar las conversaciones o a endurecer sus posturas en los territorios donde tienen presencia.
La propuesta ahora debe surtir el trámite ordinario en el Congreso, que incluye debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara y luego en las plenarias. Hasta tanto no se apruebe en ambas corporaciones y se sancione, la ley de paz total continúa vigente y sus efectos jurídicos se mantienen para los procesos en curso.
La discusión se proyecta como uno de los temas centrales del nuevo período legislativo y marcará la relación entre el Congreso, el gobierno entrante y los grupos armados que aún mantienen canales de diálogo abiertos con el Estado colombiano.