El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 sería devuelto al Gobierno por el Congreso, de acuerdo con el reporte publicado por La FM. La iniciativa no avanzó en su trámite legislativo y el plazo para su devolución vence el 15 de agosto.
Según la misma información, la administración nacional deberá presentar un texto ajustado antes del 30 de agosto. Ese nuevo radicado sería el insumo con el que las comisiones económicas del Congreso reabrirían la discusión del gasto público para el próximo año.
El Presupuesto General de la Nación es el instrumento con el que el Gobierno fija cuánto recaudará, cómo distribuirá los recursos y en qué los invertirá durante cada vigencia. Su trámite en el Congreso incluye debates en las comisiones económicas y luego en plenarias de Cámara y Senado, antes de sancionarse como ley.
Una devolución implica que el Ejecutivo reconsidera partidas, prioridades o fórmulas de financiación que las ponencias no acogieron. En la práctica, devuelve a la mesa la discusión sobre sectores como inversión social, defensa, educación, salud e infraestructura, entre otros.
El movimiento afecta la planeación de ministerios y entidades descentralizadas, que dependen de los techos presupuestales aprobados para programar contratos, convocatorias y obras. También impacta a los territorios, que esperan conocer los montos de transferencias y cofinanciaciones con los que contarán en 2027.
Desde el punto de vista institucional, la decisión abre un compás de negociación entre el Ministerio de Hacienda, los ponentes y las bancadas parlamentarias. En ese escenario suelen discutirse reasignaciones, recortes o modificaciones a programas específicos incluidos en la versión inicial.
La FM no detalla en su nota los artículos o partidas que motivaron la devolución ni las bancadas que la estarían promoviendo. El Gobierno, por su parte, todavía no se ha pronunciado públicamente sobre un ajuste al texto radicado en su primera versión.
El calendario previsto tras la devolución es ajustado: con un nuevo plazo hasta el 30 de agosto, el Congreso tendría poco más de dos semanas para volver a estudiar, debatir y aprobar el proyecto antes del cierre del año legislativo. De no lograrse, el debate podría trasladarse a sesiones extraordinarias o prorrogarse el actual presupuesto mediante decreto.