La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recibió una noticia que sacudió su funcionamiento: el presupuesto asignado para su operación tendrá un recorte superior a los 170.000 millones de pesos. La cifra fue confirmada por el propio tribunal, que de inmediato encendió las alarmas sobre su capacidad para cumplir las funciones que le asignó el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.
Desde la JEP calificaron la situación como una “asfixia” presupuestal. El mensaje, recogido por Vanguardia, refleja la preocupación interna por mantener en pie los procesos que actualmente adelanta el tribunal transicional, entre ellos los relacionados con antiguos comandantes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles vinculados al conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su mandato incluye investigar, esclarecer y sancionar las violaciones más graves cometidas durante el conflicto, así como contribuir a la reparación de las víctimas.
La discusión presupuestal se da en un momento sensible para la justicia transicional. Diversos procesos avanzan en distintas salas y macrocasos, y la reducción de recursos podría afectar la contratación de personal, la logística de audiencias y el seguimiento a las sanciones propias y alternativas impuestas a los comparecientes.
Por el lado del Gobierno y el Congreso, la postura recogida por Vanguardia apunta a que el recorte responde a un ejercicio de priorización del gasto público. Legisladores han argumentado en otras ocasiones que todas las entidades del Estado deben ajustarse a los marcos fiscales vigentes, sin excepción.
El choque entre las partes pone en el centro un debate de fondo: cómo garantizar la sostenibilidad financiera de los acuerdos de paz sin comprometer los derechos de las víctimas. La JEP nació con un horizonte de funcionamiento limitado en el tiempo, y cada ajuste presupuestal es interpretado por distintos sectores como una señal política sobre el futuro de la transición.
Voceros del tribunal han pedido en reiteradas ocasiones que se respeten los rubros acordados para cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Según la fuente, la reducción actual pone en riesgo tareas clave como la investigación de los falsos positivos, los secuestros y las alianzas entre grupos armados y sectores económicos.
Por ahora, la JEP deberá operar con menos recursos mientras se definen los detalles de la ejecución presupuestal. Las próximas semanas serán decisivas para establecer si se abren mecanismos extraordinarios que compensen el recorte o si el tribunal deberá reorganizar su cronograma de trabajo y su planta de colaboradores.