El Congreso de la República tiene acumulados más de 600 proyectos de ley sin avanzar en su trámite. De acuerdo con el reporte conocido, en el Senado se han radicado más de 270 iniciativas, mientras que en la Cámara de Representantes la cifra supera los 330 textos. La diferencia entre las dos cámaras muestra que la Cámara es la que más propuestas recibe hasta ahora.
La congestión legislativa no es un fenómeno nuevo en el Capitolio. En periodos ordinarios anteriores también se han conocido balances con cientos de proyectos pendientes de primer debate en comisiones o de segundo debate en plenaria. La acumulación suele explicarse por la limitada capacidad de las mesas directivas para agendar debates y por la falta de consensos entre bancadas alrededor de las prioridades del país.
La demora en la definición de una agenda del Gobierno nacional añade presión al panorama actual. Cuando el Ejecutivo presenta sus prioridades legislativas al inicio del periodo, las bancadas y las mesas directivas suelen acomodar el orden del día alrededor de esos proyectos. Sin esa hoja de ruta, cada iniciativa compite por un cupo en el cronograma y los proyectos de menor respaldo político quedan al final de la fila.
Para la ciudadanía, el represamiento tiene efectos prácticos. Temas sensibles como reformas sectoriales, ajustes en salud, educación, seguridad y tributos pueden quedar atrapados durante meses sin avanzar. Esa parálisis obliga a los autores de los proyectos, incluidos los del propio Gobierno, a insistir en audiencias y debates adicionales para mantener viva la iniciativa.
El rezago también golpea a las regiones. Muchos proyectos que benefician a departamentos y municipios específicos suelen ser los primeros en aplazarse, porque dependen de debates que las comisiones no alcanzan a programar. La consecuencia directa es que las soluciones legales a problemas locales tardan más en concretarse o simplemente se hunden al finalizar la legislatura.
Las reacciones dentro del Capitolio suelen dividirse entre quienes piden al Gobierno acelerar la presentación de su agenda y quienes prefieren que las bancadas trabajen con autonomía. En el primer bloque están los partidos de coalición, que dependen de proyectos oficiales para mostrar gestión. En el segundo, las oposiciones suelen usar los proyectos propios como herramienta de fiscalización y de visibilización política.
El trámite interno se mantiene con herramientas institucionales. Los presidentes de las cámaras pueden convocar sesiones extras o priorizar debates en las comisiones, siempre con el respaldo de las mesas directivas y de los voceros de los partidos. También está la opción de acumular proyectos en paquetes temáticos, una figura usada en legislaturas pasadas para desatascar textos menores.
De cara a lo que sigue, el Congreso deberá decidir si prioriza los proyectos del Gobierno o si avanza con su propia agenda. Mientras esa decisión no se tome, los más de 600 textos seguirán esperando turno y el tiempo de la legislatura seguirá corriendo, lo que obliga a las bancadas a negociar acuerdos para evitar que la mayoría de las iniciativas se hundan por vencimiento de términos.