El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, se pronunció sobre la proliferación de decretos que ha emitido el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y descartó que la sola cantidad de esas normas configure una ilegalidad, según la publicación de Infobae.
Montaña explicó que el control judicial que ejerce la Corporación no se mide por el número de decretos expedidos, sino por el contenido de cada uno. Esa distinción es clave en el derecho administrativo colombiano, donde la validez de un acto depende de su ajuste a la Constitución y a la ley, no de cuántas veces se expida un acto similar.
El alto tribunal también recordó que tiene competencia para revisar actos administrativos que, en sentido estricto, no son leyes pero producen efectos materiales sobre los ciudadanos. Esa potestad incluye decretos, resoluciones y demás decisiones del Ejecutivo que generan derechos y obligaciones concretas.
El Consejo de Estado es la máxima autoridad en materia de jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia. Entre sus funciones está resolver los conflictos entre los ciudadanos y la administración pública, y unificar la jurisprudencia sobre cómo deben interpretarse las normas que expide el Gobierno.
La discusión sobre el número de decretos emitidos por una administración suele aparecer en momentos de cambios profundos o de reformas aceleradas. En ese contexto, las voces críticas suelen advertir sobre el uso intensivo de la figura del decreto como herramienta legislativa, mientras que los defensores del Ejecutivo argumentan que es una vía legítima para enfrentar coyunturas urgentes.
Para la ciudadanía, el mensaje del Consejo de Estado tiene una implicación práctica: los decretos pueden ser impugnados en su contenido, y los afectados pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa si consideran que una decisión del Gobierno vulnera sus derechos. Lo que no prospera de entrada, según Montaña, es un cuestionamiento fundado solo en el volumen de las normas.
La postura del presidente del alto tribunal se conoce en un momento de expectativa por las decisiones regulatorias del nuevo Gobierno. Sectores como el empresarial, el laboral y el de la salud suelen seguir de cerca la emisión de decretos, porque estas normas pueden modificar condiciones de funcionamiento, contratación y prestación de servicios en cuestión de días.
Como siguiente paso, la Corporación dejó claro que cualquier reparo a los decretos deberá plantearse caso por caso, con argumentos de fondo sobre la competencia del Ejecutivo, el respeto al debido proceso y la proporcionalidad de las medidas. El debate sobre la cantidad, en cambio, queda fuera del control judicial.
La diferencia entre la forma y el fondo es, en la práctica, lo que define si un decreto sobrevive a un eventual litigio. Y esa es, justamente, la línea que el Consejo de Estado trazó en esta intervención pública.