El Consejo de Estado adoptó una medida cautelar y suspendió apartes del decreto que autorizaba el traslado de 4 billones de pesos a la UNGRD. La decisión se conoce mientras el proceso judicial sobre ese mismo decreto sigue su trámite en ese tribunal, según lo reportado por El País.
De acuerdo con la fuente, el alto tribunal concluyó que el Gobierno se extralimitó en sus facultades al modificar rubros del presupuesto nacional sin la autorización previa del Congreso. Esa es una exigencia constitucional que limita la figura del decreto presupuestal y que el Ejecutivo solo puede usar en casos puntuales, como los decretos de urgencia, que tienen un alcance y unos requisitos distintos.
La discusión de fondo gira en torno a la separación de poderes en materia presupuestal. En Colombia, el Congreso aprueba el Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones ordinarias. El Ejecutivo solo puede mover partidas por decreto en circunstancias tasadas y, aun así, suele requerir el aval legislativo cuando los cambios son de gran magnitud, como ocurrió en este caso.
La UNGRD es la entidad encargada de coordinar la respuesta del Estado ante emergencias por inundaciones, sequías, deslizamientos y otros desastres naturales. Su presupuesto, por la naturaleza de su misión, suele tener movimientos ágiles para atender coyunturas. Esa agilidad, sin embargo, no exime al Gobierno de respetar los topes fijados por la ley y por la Rama Legislativa.
Para la ciudadanía, el alcance inmediato de la suspensión es operativo. Mientras la medida cautelar esté vigente, esos 4 billones de pesos no podrán ser usados bajo las reglas que el decreto había dispuesto. Los recursos existentes, en todo caso, quedan sujetos a las reglas presupuestales vigentes y a la decisión final del proceso contencioso.
La decisión abre también un debate institucional sobre los límites del Ejecutivo para reaccionar con rapidez ante emergencias. Sectores del Gobierno suelen argumentar que las rigideces presupuestales dificultan la atención de desastres. Otros sectores, incluyendo el Consejo de Estado en esta providencia, recuerdan que la Constitución previó controles específicos para esos movimientos y que no pueden sustituirse por decretos.
El siguiente paso será que el Consejo de Estado resuelva de fondo la legalidad del decreto en una sentencia definitiva. Hasta entonces, la suspensión provisional mantiene su efecto y obliga al Gobierno a buscar otras vías legales para reasignar o ejecutar esos recursos, si la necesidad operativa persiste.
La medida se suma a otras decisiones recientes de las altas cortes que han cuestionado decretos del Ejecutivo en materia presupuestal. La lectura que hacen constitucionalistas y observadores es que el choque entre el principio de flexibilidad para atender emergencias y el principio de legalidad presupuestal vuelve a quedar en el centro del debate público.