El Consejo de Estado, por medio de su Sección Quinta, profirió un auto mediante el cual inadmitió la demanda que se había presentado contra la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. La providencia, según reportó el diario El Nuevo Día, se produjo dentro del término legal que tiene la corporación para estudiar la admisión o el rechazo de las acciones que buscan dejar sin efectos un acto de elección popular.
La figura de la inadmisión, contemplada en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplica cuando la demanda no reúne los requisitos formales exigidos para su estudio de fondo. No significa, por sí misma, un pronunciamiento sobre si la elección fue o no ajustada a la Constitución, sino que se trata de una decisión previa, de carácter procesal, que busca que el demandante subsane lo que haga falta o aclare lo que resulte confuso.
En la práctica, la determinación le da un respiro al equipo del presidente electo. Mientras la demanda permanezca inadmitida, el trámite contencioso no avanza hacia un fallo de fondo, lo que despeja, en el corto plazo, el camino hacia la ceremonia de posesión. La transición entre el gobierno saliente y el entrante podrá continuar sin que exista, por ahora, una orden judicial que suspenda los actos previos a la investidura.
Para los demandantes, el escenario es distinto. La providencia les concede un plazo para que corrijan o aclaren la petición inicial, y solo si cumplen con lo exigido por el Consejo de Estado el proceso podrá ser admitido a trámite. Si los ajustes no satisfacen los reparos formulados por el magistrado ponente, la propia Sección Quinta podrá decretar el rechazo definitivo de la acción.
El control de legalidad sobre las elecciones presidenciales en Colombia tiene dos rutas principales. Por una parte está la acción de nulidad electoral, que es la que ahora cursa ante el Consejo de Estado, y por otra están las investigaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría General de la Nación. Ambas corren en paralelo y pueden producir decisiones de distinto alcance, pues la primera busca anular el acto electoral y la segunda imponer sanciones a los responsables de eventuales irregularidades.
En las últimas décadas, demandas similares contra elecciones presidenciales han sido declaradas improcedentes, inadmitidas o rechazadas en las etapas iniciales, lo que ha limitado el uso de este tipo de acciones como herramienta para reversar resultados en las urnas. El precedente, sin embargo, no es vinculante y cada caso se estudia con base en los hechos y las pruebas concretas que aporte el demandante.
La noticia se conoce cuando faltan pocos días para que se complete el calendario de transición. El gobierno electo ha adelantado reuniones de empalme con ministerios y entidades descentralizadas, en un proceso que coordina el equipo designado por el propio Abelardo de la Espriella. La decisión del Consejo de Estado, al no suspender ni afectar esos actos, permite que la transición siga su curso normal.
En el plano político, distintas voces habían pedido que la justicia contenciosa se pronunciara con prontitud sobre las demandas que se habían acumulado tras la jornada electoral. La inadmisión, aunque esperada por algunos sectores, abre de nuevo el debate sobre los tiempos de la justicia y los efectos que esos tiempos producen sobre la legitimidad del nuevo gobierno. Sectores afines a la oposición han señalado que acudirán a los recursos que la ley les permite para insistir en el proceso.
Por ahora, la pelota está en el campo del Consejo de Estado. Será esa corporación la que decida si la demanda supera el filtro de la inadmisión y avanza a la etapa probatoria, o si, por el contrario, los defectos señalados en el auto conducen al rechazo definitivo. Cualquiera de esas dos decisiones marcará la agenda política de las próximas semanas y dejará en firme, o no, el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella.
Mientras tanto, la ciudadanía observa un proceso que combina tiempos judiciales con tiempos políticos. La información oficial sobre los próximos pasos del expediente, así como los plazos concretos para que los demandantes subsanen la petición, se conocerá a través del propio Consejo de Estado, que es la fuente competente para informar sobre el trámite de la acción electoral.