El Ministro de Hacienda anunció que el Consejo de ministros aprobó un recorte al presupuesto de la Nación por 21 billones de pesos para el presente año. La decisión se adoptó luego de una sesión de gabinete en la que se evaluó la situación de las cuentas públicas y se concluyó que no había otra forma de cerrar el ejercicio fiscal sin sobresaltos de caja, según reportó El País.
La reducción se aplicará mediante un decreto, figura que permite al Ejecutivo ajustar las apropiaciones presupuestales sin pasar por el Congreso. En la práctica, cada ministerio y entidad descentralizada verá modificadas sus partidas, en una operación que suele traducirse en aplazamientos de inversión, congelamiento de contrataciones y reprogramación de proyectos ya en marcha.
La cartera de Hacienda no entregó, en el extracto disponible, el detalle de los rubros que se verán afectados ni los sectores más impactados. Lo que sí anticipó el ministro es que la magnitud del ajuste responde a la necesidad de mantener la disciplina fiscal y de asegurar el pago de obligaciones como servicio de la deuda, pensiones y salarios del sector público.
Para los ciudadanos, un recorte de esta envergadura suele traducirse en menor ejecución de obras públicas, demoras en programas sociales y ajustes en contratos de prestación de servicios. Sectores sensibles como salud, educación e infraestructura suelen ser los primeros en ressentir la poda, aunque el Gobierno suele defender que los programas sociales prioritarios quedan blindados.
El anuncio llega en un momento en el que distintos analistas vienen alertando sobre un menor recaudo tributario y una presión de gasto creciente por conceptos como la financiación del sistema de salud y los subsidios a la energía. En ese contexto, la magnitud del recorte sugiere que las autoridades consideran que el desfase entre ingresos y gastos compromete el cierre del año.
El Ministerio de Hacienda deberá expedir en los próximos días el decreto con el desglose sectorial del ajuste. Las entidades territoriales y los órganos de control estarán pendientes de cómo se distribuye el recorte, pues buena parte de la inversión regional se ejecuta con transferencias de la Nación. También los organismos de vigilancia fiscal, como la Contraloría, suelen revisar que los aplazamientos no comprometan funciones esenciales del Estado.
La ciudadanía y los gremios económicos estarán atentos a la letra chica del decreto y a las reacciones en el Congreso, donde la oposición suele pedir explicaciones cuando se concentran los ajustes en gasto social. El propio Minhacienda deberá sustentar el paquete en escenarios técnicos ante las comisiones económicas, en medio de la expectativa sobre si el recorte se quedará en 21 billones o terminará siendo ajustado en las próximas semanas.