Según la auditoría de la Contraloría, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pagó la totalidad de 537 predios que estaban en procesos de extinción de dominio, sin que se haya consolidado la transferencia de los títulos a nombre del Estado. El monto desembolsado se aproxima al billón de pesos, de acuerdo con el informe citado por Infobae.
La alerta se concentra en un vacío legal y administrativo: el dinero salió, pero los inmuebles siguen formalmente atados a procesos judiciales de extinción de dominio. Eso significa que, sobre el papel, la propiedad no se ha movido del antiguo titular ni de las autoridades que llevan esos procesos.
La ANT es la entidad del Estado encargada de administrar las tierras baldías y de ejecutar la política de acceso a la tierra para campesinos, comunidades étnicas y víctimas del conflicto. Por eso, dentro del actual gobierno, esta entidad es una pieza central de la reforma agraria, que busca formalizar predios y entregarlos a familias que no los tienen.
El problema detectado por la Contraloría es que, al no existir títulos saneados, los predios quedan expuestos a embargos por deudas de los antiguos dueños, a reclamaciones de terceros o a nuevas decisiones de los jueces que llevan los procesos de extinción de dominio. Cualquiera de esos escenarios puede revertir la compra o generar largos litigios.
La consecuencia práctica es que, pese a que la ANT ya desembolsó los recursos, esos lotes no están plenamente disponibles para entregarlos a los beneficiarios del programa de tierras. El riesgo es que el Estado termine pagando por inmuebles sobre los cuales no tiene seguridad jurídica plena.
Este no es el primer llamado de atención de los organismos de control sobre el manejo de predios en procesos de extinción de dominio. En años recientes, la Sociedad de Activos Especiales y otras entidades han enfrentado observaciones similares, porque la transición de un bien decomisado a un activo plenamente del Estado suele ser lenta y compleja.
La Contraloría suele emitir alertas tempranas cuando detecta riesgos patrimoniales. En este caso, el llamado es a que la ANT, en conjunto con la Rama Judicial y las autoridades competentes, avance en el saneamiento de los títulos antes de que se materialicen los riesgos advertidos.
Desde la reforma agraria, el reto inmediato es cerrar la brecha entre el pago y el título. Si esa brecha no se cierra, los recursos invertidos pueden quedar atrapados en litigios durante años, y las familias que esperan tierras tendrán que esperar aún más.
Por ahora, la alerta de la Contraloría no implica sanciones directas, pero sí obliga a la ANT a responder por escrito y a entregar un plan de choque. Ese plan, y su cumplimiento, será lo que determine si el riesgo se queda en advertencia o termina en un daño patrimonial para el Estado.