El Gobierno nacional expidió un decreto mediante el cual sumó nuevas prohibiciones al ejercicio de las corridas de toros en el país. La decisión abrió de inmediato una controversia jurídica y política que ya está en los despachos judiciales, según reportó el diario La Patria en su edición digital.
La actividad taurina tiene una larga tradición en Colombia, con plazas históricas en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Manizales y la propia Manizales, esta última escenario recurrente de la temporada taurina durante enero y febrero. El sector reúne a empresarios, toreros, ganaderos de bravo, aficionados y trabajadores directos e indirectos que dependen de cada temporada.
Del lado opuesto se ubican organizaciones animalistas y defensores de derechos de los animales que venían reclamando restricciones mayores e incluso la prohibición total de los espectáculos que impliquen sufrimiento animal. Para este sector, el decreto representa un avance parcial, pues consideran insuficiente limitar y no eliminar la práctica.
Las demandas que ahora cursan en la justicia piden que se declare la nulidad o se suspendan los efectos del decreto presidencial. El medio consultado advierte que el tiempo será el principal obstáculo: mientras la justicia define la suerte del acto administrativo, las plazas pueden atravesar temporadas enteras con un marco normativo incierto.
Para los ciudadanos la discusión tiene efectos prácticos. En los municipios donde la fiesta brava hace parte del calendario cultural y económico, la organización de ferias, la venta de abonos, la contratación de personal y la programación de eventos dependen de saber con claridad qué prácticas están permitidas y cuáles no.
En materia institucional, el decreto presidencial se inscribe en la facultad del Gobierno nacional de regular aspectos de orden público y bienestar animal, aunque su alcance específico frente a las competencias municipales y al carácter cultural de la fiesta es uno de los puntos que los demandantes ponen en entredicho, de acuerdo con lo reseñado por La Patria.
Los taurinos, por su parte, sostienen que las nuevas restricciones ponen en riesgo la subsistencia de un oficio que durante generaciones ha generado empleo y ha consolidado una identidad cultural en varias regiones del país. Piden que se respete la afición y se mantenga la actividad bajo las reglas que venían rigiendo.
El proceso deja varios pendientes. Falta conocer qué despacho asume las demandas, si se decretan medidas cautelares que suspendan el decreto de manera provisional y en qué plazos la justicia resuelve de fondo la legalidad del acto. Mientras tanto, el calendario taurino queda en compás de espera, y la sociedad colombiana vuelve a un debate que combina tradición, economía, ética animal y competencias del Estado.