La magistrada Paola Meneses radicó una propuesta ante la Sala Plena de la Corte Constitucional para que la reforma pensional vuelva por segunda vez al Congreso, según reportó Infobae. El argumento central es que en las sesiones extraordinarias del 27 y el 28 de junio de 2025 no se cumplió con la “debida deliberación” que el propio tribunal había exigido para subsanar los vicios de trámite detectados en el primer examen de constitucionalidad.
La reforma pensional fue una de las apuestas sociales más ambiciosas del Gobierno de Gustavo Petro. Su objetivo declarado fue modificar el sistema de pensiones de cara a una transición hacia un modelo de pilares, con cambios en las edades de jubilación, las semanas cotizadas y la administración de los recursos a través de Colpensiones. La norma fue aprobada por el Congreso en junio de 2024 y remitida a control de la Corte Constitucional.
El primer debate del alto tribunal terminó con una decisión de devolución por vicios de trámite en el proceso legislativo. La Corte señaló que el texto no había surtido todos los debates exigidos, lo que obligó al Congreso a realizar sesiones adicionales. Es justamente sobre esas sesiones de junio de 2025 donde la magistrada Meneses plantea que no hubo la deliberación suficiente para corregir los defectos formales señalados.
Si la Sala Plena acoge la propuesta, sería la segunda vez consecutiva que la reforma regresa al Legislativo sin un pronunciamiento de fondo sobre su contenido. Para los trabajadores y los fondos de pensiones, esto significa que persiste la incertidumbre sobre las reglas aplicables a las pensiones que se causan desde la entrada en vigencia de la nueva ley y la manera como se liquida cada ahorro individual.
En el sector financiero, la posibilidad de un nuevo trámite reabrió el debate sobre el futuro de los fondos privados de pensiones. Administradoras como Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos han basado buena parte de su estrategia en la transición hacia el nuevo esquema. Una devolución prolongada mantendría vigente la discusión sobre aportes, traslados y competition entre el régimen público y el privado hasta que el Congreso se pronuncie de manera definitiva.
Para los ciudadanos, la consecuencia inmediata es práctica: quienes están próximos a pensionarse necesitan saber bajo qué norma se les liquidará su mesada. La falta de claridad normativa ha generado congestión en las solicitudes de reconocimiento pensional, según han reclamado veedurías ciudadanas y centrales obreras en los últimos meses. Una nueva devolución del proyecto obligaría a esperar varios meses más antes de contar con un fallo de fondo.
En el plano político, la reforma volvió a quedar en el centro de la disputa entre el Ejecutivo y los sectores que piden una revisión más profunda del articulado. La Corte Constitucional, por su parte, mantiene su independencia frente al debate público y resuelve con base en criterios de trámite legislativo. La propuesta de la magistrada Meneses debe ser debatida y votada por la Sala Plena en una sesión próxima que aún no tiene fecha confirmada.
Queda pendiente definir si los demás magistrados acompañarán la ponencia o si radicarán sus propias observaciones. También está por verse si el Congreso convocará nuevamente sesiones formales para superar las objeciones formales o si el proceso entrará en un nuevo impasse. Mientras tanto, la reforma pensional seguirá en un limbo jurídico que afecta a millones de colombianos próximos a jubilarse y a la industria que administra sus ahorros.