La Corte Constitucional de Colombia declaró exequible la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, según informó DW. La norma fue sancionada por el expresidente durante su mandato y quedó suspendida en 2025 a la espera de que el alto tribunal resolviera las demandas de inconstitucionalidad que se habían presentado en su contra.
Con la decisión, la Corte cierra un proceso de más de dos años de incertidumbre jurídica sobre el futuro del sistema pensional colombiano. Durante ese período, la aplicación de la reforma quedó en suspenso, lo que mantuvo en vilo tanto a los trabajadores próximos a pensionarse como a las administradoras de fondos de pensiones, que debieron operar bajo reglas transitorias mientras se resolvía el litigio.
La reforma pensional es una de las piezas centrales del proyecto social del gobierno de Petro. Su objetivo declarado era unificar el sistema bajo un modelo de pilares, con un fondo público de prima media como eje principal y un componente complementario de ahorro individual, en un intento por ampliar la cobertura y reducir las brechas entre cotizantes y pensionados.
Desde su presentación en el Congreso, la norma generó un debate nacional entre defensores y críticos. Quienes la respaldaron argumentaron que corregiría desigualdades históricas en el acceso a la jubilación. Quienes se opusieron advirtieron sobre el impacto fiscal de la transición y sobre los efectos para los fondos privados, que administran los ahorros de millones de trabajadores afiliados.
El fallo de la Corte significa que la reforma queda en firme y que las entidades encargadas deberán avanzar en su implementación, un proceso que contempla etapas progresivas de transición hacia el nuevo modelo. Los detalles operativos, los plazos y los mecanismos de ajuste fueron establecidos en el texto de la ley y en los decretos reglamentarios expedidos durante su trámite.
La decisión llega en un contexto de cambio de gobierno. Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia y deberá continuar con la implementación de una reforma que no fue iniciativa de su administración. El nuevo Ejecutivo enfrenta el reto de ejecutar los cambios regulatorios pendientes y de responder a los cuestionamientos técnicos y financieros que dejó la transición.
Para los ciudadanos, el fallo despeja la duda sobre cuál es el régimen pensional aplicable. Los trabajadores activos, los empleadores y los pensionados deberán atenerse a las reglas de la Ley 2381, que incluyen modificaciones en la edad de jubilación, en las semanas cotizadas exigidas y en el monto de las mesadas, según lo dispuesto en el texto aprobado por el Congreso y ahora respaldado por el alto tribunal.
Quedan pendientes varios frentes: la reglamentación de los puntos que la propia ley remitió a decretos posteriores, la adaptación de Colpensiones como entidad central del nuevo esquema y el monitoreo de la sostenibilidad fiscal del sistema. Organizaciones sindicales, gremios económicos y expertos en seguridad social han pedido que el proceso de transición sea gradual y supervisado, para evitar afectaciones a los derechos de los actuales y futuros pensionados.
La decisión de la Corte, reportada por DW, marca entonces un punto de cierre en el plano jurídico, pero abre una etapa de implementación que demandará coordinación entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia Financiera y Colpensiones, además de un seguimiento cercano por parte del Congreso y de la sociedad civil.