El alto tribunal estudió el Decreto 175 y encontró que varios de sus artículos invadían funciones que la Constitución le asigna a la Junta Directiva del Banco de la República. Por esa razón, decidió tumbarlos, según reportó el medio Infobae en su cobertura del fallo.
El decreto había sido expedido por el Gobierno nacional con el propósito de impartir directrices al emisor en materia de política monetaria y crediticia. La Corte concluyó que el Ejecutivo no tiene la facultad de dar órdenes directas a la Junta Directiva, una competencia reservada al propio banco central por la Carta Política.
El fallo representa un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Banco de la República, una relación que en los últimos meses ha estado marcada por diferencias sobre el rumbo de la política económica, el nivel de las tasas de interés y el manejo de las reservas internacionales.
La independencia del Banco de la República está consagrada en la Constitución de 1991. La Junta Directiva es la responsable de definir la política monetaria del país, incluyendo la tasa de intervención, con el objetivo constitucional de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda. Cualquier intento del Ejecutivo de modificar esa línea choca con ese diseño institucional.
La decisión de la Corte no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la política económica, sino sobre quién tiene la potestad de fijarla. Para los mercados, el mensaje es que el Banco de la República conserva su autonomía operativa y que el Gobierno debe buscar acuerdos por la vía del diálogo y no del decreto.
Para los ciudadanos, el tema tiene efectos prácticos. La tasa de interés que define la Junta influye en el costo de los créditos de vivienda, de consumo y comerciales, y también en el rendimiento del ahorro. Definir quién decide sobre esas tasas es, en últimas, decidir quién mueve las condiciones de financiamiento de hogares y empresas.
La Corte, sin embargo, mantuvo vigentes otros apartes del Decreto 175 que, según el extracto de Infobae, no afectaban las competencias reservadas al emisor. El fallo es, por tanto, parcial: limita el alcance del decreto sin invalidarlo en su totalidad.
En las próximas semanas se espera que el Gobierno evalúe los términos exactos del fallo y defina si expide una nueva norma, presenta una tutela o acata la decisión y busca un entendimiento directo con el Banco de la República. La Junta Directiva, por su parte, tendrá que seguir tomando sus decisiones dentro del marco constitucional que le fue reafirmado.
El episodio deja abierta una pregunta institucional de fondo: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en su intento de coordinar la política económica con el banco central sin vulnerar la autonomía que la Constitución le reconoce desde hace más de tres décadas.