El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el jefe de las disidencias conocido como Iván Mordisco y el excomandante de las Farc Rodrigo Londoño, alias Timochenko, son “igual de mafiosos”. La frase la pronunció ante medios y rápidamente se convirtió en tema de debate nacional por lo que implica sobre la política de paz y de seguridad.
Mordisco es uno de los cabecillas de las disidencias que nunca se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 y que hoy lideran frentes armados en distintas regiones del país. Timochenko, en cambio, fue el comandante general de las Farc durante el proceso de negociación en La Habana y firmó el acuerdo con el Gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.
La equiparación entre ambos personajes reabre una pregunta que Colombia arrastra desde la firma del Acuerdo: ¿cómo se diferencia, en términos judiciales, a quienes se desmovilizaron de quienes optaron por seguir en la armas? Esa es precisamente la tarea que cumple la Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el Acuerdo y puesta en marcha en 2018.
La JEP fue diseñada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por exintegrantes de las Farc como por agentes del Estado. A cambio de verdad, reparación y colaboración con la justicia, los comparecientes pueden recibir sanciones restaurativas. Quienes no se acogieron al proceso quedaron expuestos a la justicia ordinaria.
Con su declaración, De la Espriella puso en el centro del debate el papel que hoy cumple esa jurisdicción. Sectores que han cuestionado la JEP suelen señalar diferencias en el tratamiento entre desmovilizados y estructuras que nunca negociaron, y advierten sobre los recursos públicos que se destinan al sistema de justicia transicional.
La discusión llega en un momento sensible para la seguridad del país. Las disidencias encabezadas por Mordisco han sido señaladas en recientes operativos de la Fuerza Pública y en investigaciones por el reclutamiento de menores, el narcotráfico y los ataques contra la población civil en zonas como Cauca, Putumayo y Guaviare.
Organizaciones de víctimas y expertos en derechos humanos han pedido en distintas ocasiones que no se borren las diferencias entre quienes cometieron crímenes en el conflicto y quienes optaron por la vía del diálogo. También han reclamado que se aclaren los montos y la vigencia de los recursos asignados a la JEP, un tema que el Congreso y el Gobierno han discutido en los últimos meses.
Desde la Casa de Nariño aún no se ha precisado si la frase del presidente corresponde a una postura oficial del Gobierno sobre la JEP o si fue una opinión personal en medio de una entrevista. Voceros de la jurisdicción y del Ministerio de Justicia no se habían pronunciado de manera pública al cierre de esta nota.
Por ahora, la declaración deja abierta una discusión que combina tres temas sensibles: la política de paz, el manejo de los grupos armados que siguen activos y el futuro institucional de la JEP. En los próximos días se esperan reacciones del Alto Comisionado para la Paz, de las víctimas y de los partidos políticos que han defendido o rechazado el sistema transicional.