Una concejal dirigió una comunicación formal al Gobierno nacional en la que solicitó rediseñar la política habitacional del país. El pedido se centra en el programa Mi Casa Ya, el principal instrumento de subsidio a la compra de vivienda de interés social y prioritario. La solicitud busca frenar una caída sostenida del sector que ya completa doce trimestres consecutivos en contracción.
Según la fuente, la crisis del programa tiene en vilo a alrededor de 45.000 familias que esperan la asignación del subsidio para acceder a una vivienda digna. Mi Casa Ya es uno de los pilares del acceso a casa propia para hogares de menores ingresos, por lo que su paralización tiene efectos directos sobre la demanda de vivienda nueva y sobre la vida cotidiana de miles de hogares.
El sector edificador colombiano atraviesa una de sus peores coyunturas en la última década. Doce trimestres de contracción equivalen a tres años seguidos con caída en los indicadores de vivienda, lo que golpea a constructoras, trabajadores del ramo y compradores. La desaceleración arrastra el empleo formal en obras, la venta de materiales y la financiación bancaria, incluidos créditos de vivienda y leasing habitacional.
El papel de los concejales en el ordenamiento colombiano es proponer y debater políticas públicas locales y nacionales en el Congreso y en los concejos municipales. Aunque un concejal no tiene voto sobre decisiones del Ejecutivo nacional, sí puede elevar solicitudes, citar a funcionarios a debates de control político y visibilizar situaciones que afectan a la ciudadanía. Esta solicitud se inscribe en esa función de vocería.
La petición incluye un rediseño de la política habitacional. Eso implica revisar las condiciones de acceso al subsidio, los montos, la focalización y la articulación con otras líneas de crédito. También pone sobre la mesa la necesidad de inyectar recursos frescos o reorientar partidas presupuestales para destrabar los giros pendientes a las familias beneficiarias.
Para la ciudadanía, el impacto es concreto. Una familia con asignación pendiente del subsidio ve frenada su compra y, en muchos casos, enfrenta el pago de arriendo mientras espera una solución. Los pequeños constructores, dependientes de la venta de proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP), reportan menor rotación de inventario y mayor riesgo de paralización de obras. Los bancos, por su parte, observan caída en la colocación de créditos de vivienda.
La fuente no detalla las posturas del Gobierno nacional frente a la solicitud. Tampoco precisa plazos, montos ni la ruta institucional que seguiría el rediseño propuesto. Queda pendiente la respuesta oficial del Ministerio de Vivienda y de las entidades adscritas, así como el posible debate en el Congreso donde se discute cada año el presupuesto nacional.
En el corto plazo, la expectativa de las familias afectadas y del sector constructor es que el Ejecutivo se pronuncie sobre la activación de los giros, la continuidad del programa Mi Casa Ya y los ajustes normativos anunciados. Mientras tanto, la concejal promotora de la solicitud busca sumar adhesiones de otros cabildantes para presionar una solución estructural a la crisis de vivienda.