Según reportes de prensa, varias creadoras de contenido digital suscribieron un contrato con Inravisión, la entidad que en el actual gobierno reemplaza a RTVC, el antiguo sistema de medios públicos. Los servicios contratados se extenderán hasta diciembre de 2025, dentro del esquema de comunicación del nuevo Ejecutivo.
La información, divulgada por el propio medio que tituló la denuncia, sostiene que la contratación replica una práctica que también se observó durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando distintas voces digitales recibieron contratos con entidades oficiales para difundir mensajes institucionales. Ese antecedente es el que citan los críticos para exigir explicaciones sobre los criterios de selección y el destino de los recursos públicos.
Inravisión es la entidad que administra la televisión pública y otros medios del Estado. Su rol incluye la producción y difusión de contenido oficial, por lo que la vinculación de influenciadores se inscribe en la estrategia de comunicación digital del gobierno, un frente que ha ganado peso en los últimos años por el alcance de las redes sociales entre la población joven.
La reacción política no se hizo esperar. Sectores de oposición cuestionaron la decisión al considerar que la contratación no corresponde a funciones misionales de la entidad y que los impuestos de los ciudadanos deberían destinarse a prioridades de salud, educación o seguridad. El titular del medio que reveló el caso calificó el hecho como un uso indebido de los recursos públicos, una afirmación que el gobierno no ha respondido de forma oficial en las primeras horas tras la publicación.
En la práctica, el contrato implica que las creadoras de contenido publicarán piezas asociadas a la gestión oficial a través de sus cuentas personales, lo que les da alcance directo a millones de seguidores. Este modelo de comunicación ha sido usado en distintos países, pero en Colombia ha generado controversias recurrentes por la dificultad de transparentar cuánto se paga, qué métricas se exigen y cómo se evalúa el impacto de la pauta.
El caso reabre el debate sobre la regulación de la contratación estatal con influenciadores. Expertos en derecho administrativo han señalado en otras oportunidades que la legislación colombiana permite estas figuras, siempre que los procesos sean públicos, los objetos contractuales estén claros y los montos sean razonables frente al presupuesto de la entidad. Hasta ahora no se conocen los valores de los contratos ni los procesos de selección que se surtieron.
Para la ciudadanía, lo que está en discusión es si este tipo de contratos fortalecen la comunicación del Estado o si terminan siendo un mecanismo de propaganda con recursos públicos. La pregunta cobra relevancia porque Inravisión depende presupuestalmente de la Nación y sus decisiones de gasto están sujetas a los controles de los organismos de vigilancia y de la opinión pública.
Por ahora, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento público sobre los cuestionamientos. Lo que quede claro en los próximos días, sobre los montos, los entregables y los criterios de selección, será determinante para que la controversia se zanje o para que se traduzca en investigaciones formales por parte de los entes de control.