El presidente electo Abelardo de la Espriella comunicó su decisión de eliminar, desde el inicio de su mandato, varias consejerías y agencias que hoy hacen parte de la estructura de la Presidencia de la República. La medida implicaría la supresión de más de 229 cargos, según reportó RCN Radio con base en fuentes del equipo de empalque.
De acuerdo con el reporte, la única consejería que no será liquidada es la de Regiones. Sin embargo, esta dependencia no quedará igual: se transformará para ajustar su misión a los lineamientos del nuevo gobierno. El resto de las consejerías presidenciales serían desmontadas en las primeras semanas de la administración entrante.
Las consejerías presidenciales son dependencias adscritas al despacho del jefe de Estado que asesoran en temas estratégicos como seguridad, comunicaciones, derechos humanos, política económica y gestión de regiones. A lo largo de las últimas décadas, el número de estas oficinas ha variado según la prioridad de cada gobierno.
La eliminación de cargos en la Presidencia se inscribe en un debate recurrente sobre el tamaño del Estado y el costo de la burocracia en Colombia. Organizaciones como la OCDE y la propia Contraloría han señalado en distintos informes la necesidad de revisar la planta de personal de las entidades del orden nacional para mejorar la eficiencia del gasto público.
La supresión de estas dependencias tendrá efectos directos sobre los funcionarios que hoy ocupan esos cargos. En Colombia, la ley establece que los empleados de libre nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, lo que significa que su continuidad depende de la decisión del nominador. Los trabajadores de carrera administrativa, en cambio, podrían ser reubicados en otras entidades.
Para la ciudadanía, una restructuración de este tipo puede traducirse en una redefinición de los canales de interlocución con el Gobierno nacional. Las consejerías cumplen funciones de enlace entre el Ejecutivo y sectores sociales, territoriales y económicos, por lo que su desaparición obliga a repensar cómo se tramitarán esas agendas.
La Consejería de Regiones, que sería la única que se mantenga aunque transformada, ha sido clave en la relación entre el nivel central y los gobernadores y alcaldes. Su continuidad sugiere que la nueva administración apuesta por mantener un puente directo con los territorios, aunque con un diseño institucional distinto al actual.
Desde el punto de vista fiscal, recortar más de 229 cargos en la Presidencia representaría un ahorro en salarios, prestaciones y gastos de funcionamiento, aunque el monto exacto dependerá de los niveles salariales y las asignaciones específicas de cada dependencia. Los recursos liberados, en principio, podrían reorientarse a otras prioridades del Plan Nacional de Desarrollo que presente el nuevo gobierno.
Queda pendiente conocer el decreto o la reforma administrativa mediante la cual se formalizará la supresión de estas entidades, así como el cronograma de transición. También será necesario precisar qué dependencias absorberán las funciones que hoy ejercen las consejerías eliminadas y cómo se garantizará la continuidad de los programas en marcha.
La decisión forma parte del paquete de ajustes que el gobierno electo viene anunciando como parte de su programa de austeridad y reorganización del Estado. Sectores políticos y expertos en administración pública estarán atentos al contenido del decreto y a la manera como se concrete el rediseño institucional una vez De la Espriella asuma la Presidencia.