El calendario legislativo entra en una semana decisiva. Las comisiones económicas terceras y cuartas del Congreso de la República deben discutir y aprobar el monto global del Presupuesto General de la Nación para 2027, calculado por el Ministerio de Hacienda en 634,9 billones de pesos. La cifra, divulgada por el Ejecutivo, marca el punto de partida de la negociación.
El trámite presupuestal es una de las herramientas de control político más relevantes del año. En las comisiones económicas, donde se reparten las partidas para inversión y funcionamiento del Estado, se juegan buena parte de las prioridades del Gobierno. Por eso la votación no se lee solo en clave fiscal, sino como una señal del respaldo legislativo con que cuenta el Ejecutivo en esta etapa.
La discusión llega después de meses de diálogos entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes designados por las bancadas. En esas reuniones se ajustaron partidas, se revisaron techos y se acordaron criterios de distribución sectorial. Lo que se vote en las comisiones será la base sobre la cual las plenarias de Cámara y Senado debatirán el texto definitivo en las semanas siguientes.
Para los ciudadanos, el presupuesto traduce las promesas de campaña y el programa de gobierno en cifras concretas. De él dependen los recursos para salud, educación, infraestructura, defensa y deuda pública. Cada modificación que hagan los congresistas puede mover miles de millones de pesos y cambiar la cara de programas que llegan a territorios y regiones.
El ambiente que describen fuentes políticas consultadas por este observatorio es de cautela. Algunas bancadas han pedido mayor claridad sobre el supuestos de ingresos, especialmente por el comportamiento de la economía y la reforma tributaria vigente. Otras han planteado la necesidad de priorizar sectores golpeados por la estacionalidad climática o por la desaceleración de sectores estratégicos.
Desde el Ejecutivo, el mensaje ha sido de invitación al diálogo. El Ministerio de Hacienda ha insistido en que el monto propuesto es coherente con la regla fiscal y con las metas de reducción del déficit acordadas con los organismos de crédito. La bancada de gobierno, por su parte, ha señalado que respaldará el texto siempre que se respeten los acuerdos previos sobre inversión social y obras.
Una vez las comisiones emitan su concepto, el expediente pasa a las plenarias. Allí se discutirá artículo por artículo y se votarán las proposiciones de los congresistas. Si el texto supera esa fase, irá a sanción presidencial antes del 20 de octubre, fecha límite fijada por la ley para que el presupuesto quede en firme.
Quedan varios flancos abiertos. El primero es la posibilidad de que se apruebe un monto global diferente al propuesto por Hacienda, lo que obligaría a una nueva conciliación. El segundo es el riesgo de que las plenarias introduzcan cambios que el Ejecutivo no comparta y termine en objeciones presidenciales. El tercero, más estructural, es el debate sobre cómo se financia un presupuesto cada vez más exigente en un contexto de ingresos volátiles.
Por ahora, la atención está puesta en las comisiones económicas. Su voto dará una primera lectura de cómo se alinean las fuerzas políticas frente al plan fiscal del año entrante y qué tan holgadas están las mayorías del Gobierno para sacar adelante su agenda económica. La ciudadanía, mientras tanto, sigue a la espera de señales concretas sobre en qué se traducirán esos 634,9 billones para su vida diaria.