El Gobierno De La Espriella puso en el centro del debate el sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito en Colombia. La orden de revisar las cámaras de fotomultas provocó reacciones en distintos sectores, que cuestionaron tanto el funcionamiento de esos dispositivos como los límites de velocidad aplicados en las vías del país.
Según informó la Revista Semana, la ministra Elsa Noguera fue la funcionaria que atendió la solicitud presidencial. Su intervención abrió la puerta a un examen integral del esquema de fotomultas, una herramienta que durante años ha sido fuente de controversia por la cantidad de comparendos que genera y por la forma como se calibran los equipos.
Las cámaras de fotomultas operan en municipios de todo el país y registran presuntas infracciones por exceso de velocidad. El modelo funciona mediante radares fijos o portátiles que captan la placa del vehículo y generan una sanción económica que llega al conductor. Los recursos obtenidos por esos comparendos tienen destinación específica en el código de tránsito colombiano.
Los límites de velocidad en Colombia están definidos por la normativa vial y varían según el tipo de vía. En zonas urbanas, en carreteras nacionales y en sectores escolares o residenciales rigen topes distintos. Cualquier modificación en la calibración de las cámaras o en los umbrales de tolerancia tiene efectos directos sobre los conductores y sobre los ingresos de los municipios.
Para los ciudadanos, el debate toca un tema sensible: el monto de las multas, la señalización en las vías y la confiabilidad de los equipos de medición. Críticos del sistema han señalado en distintas oportunidades inconsistencias en los registros y dudas sobre el proceso de calibración, lo que alimenta la percepción de que las fotomultas operan más como fuente de recaudo que como instrumento de seguridad vial.
Defensores de las fotomultas argumentan que estos dispositivos reducen la siniestralidad en las vías al disuadir conductas de velocidad excesiva. Organizaciones de seguridad vial y expertos en movilidad suelen respaldar el uso de controles automáticos, siempre que los equipos estén correctamente calibrados y la señalización sea clara para el conductor.
La revisión ordenada por el Gobierno De La Espriella se inscribe en un contexto más amplio de revisión de políticas públicas. El Ejecutivo ha planteado la necesidad de evaluar el impacto real de distintos instrumentos del Estado, incluidas las tecnologías de control, antes de mantenerlas o ajustarlas. Esa línea de trabajo implica mesas técnicas con entidades del sector transporte y movilidad.
Queda pendiente conocer los resultados del proceso de revisión y si el Gobierno propondrá cambios en los límites de velocidad, en los criterios de funcionamiento de las cámaras o en el régimen sancionatorio. La decisión final requerirá el concurso del Ministerio de Transporte y de las autoridades locales, que son las encargadas de operar y mantener los sistemas de fotomulta en sus jurisdicciones.
Mientras tanto, el tema llegó al debate público y continuará generando posturas encontradas. Conductores, expertos en movilidad, autoridades locales y congresistas seguirán atentos a los ajustes que pueda adoptar el Gobierno en las próximas semanas.