Durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en la que se aprobó el cambio de sede de la ceremonia de posesión presidencial, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, lanzó una solicitud directa a sus colegas. Pidió que los congresistas que decidan no viajar a Cali renuncien al salario correspondiente a ese día, al considerar que no tendrían justificación para cobrar una jornada en la que no trabajarán.
Briceño argumentó que los legisladores están en su derecho de no asistir, pero que esa decisión debería tener un costo económico para ellos, no para el erario. Según el representante, percibir el sueldo de un día en el que no se cumplen funciones parlamentarias equivale a un cobro indebido a los contribuyentes.
La petición se conoció en el mismo debate en el que la corporación avaló que la posesión del presidente Abelardo de la Espriella no se realice en Bogotá, como es tradición, sino en Cali. El traslado fue aprobado por la plenaria luego de una discusión que ha sido ampliamente comentada por su ruptura con la costumbre de celebrar el acto en la Plaza de Bolívar.
La figura de la remuneración de los congresistas en Colombia es regulada por el Congreso y controlada por el Ministerio del Interior. Cada día de sesión tiene un reconocimiento económico que se descuenta cuando el legislador registra inasistencia justificada o no se presenta. La propuesta de Briceño añade presión pública sobre los representantes que evalúen ausentarse del evento.
El debate sobre la asistencia a la posesión ha cobrado relevancia porque Cali debe asumir el dispositivo de seguridad, logística y atención de invitados nacionales e internacionales. Las alcaldías y la gobernación del Valle del Cauca trabajan en los preparativos, mientras distintas bancadas evalúan si envían delegaciones completas o representaciones menores a la ceremonia.
En las redes sociales y en distintos círculos políticos se ha discutido si la mayoría de los congresistas viajará a Cali el día de la posesión. El antecedente más cercano, la posesión presidencial realizada fuera de Bogotá, data de 1998, cuando el acto se llevó a cabo en Cartagena durante el gobierno de Andrés Pastrana. La jornada en Cali marca un nuevo precedente en la tradición republicana.
La solicitud de Briceño quedóplanteada en la plenaria y abre un debate sobre la coherencia entre el deber de asistencia a actos oficiales del Estado y la retribución económica de los legisladores. La mesa directiva de la Cámara no se pronunció de inmediato sobre si la petición será tramitada como una proposición formal o si quedará como un llamado simbólico.
Por ahora, cada congresista deberá decidir si viaja a Cali o se queda en Bogotá el día de la posesión. Quienes opten por no asistir deberán justificar su ausencia ante la Secretaría General si no quieren ver afectado su salario, o acogerse al llamado de Briceño y devolver voluntariamente el pago de la jornada.