El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aclaró que la Unidad Nacional de Protección no eliminó las medidas de protección para exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Según el funcionario, lo que hizo la entidad fue ajustar dispositivos que, a su juicio, ya no correspondían con los riesgos actuales de cada beneficiario.
Las declaraciones del ministro se producen después de que el veedor ciudadano Daniel Briceño denunciara públicamente la reducción de esquemas de seguridad para varios exfuncionarios de la administración anterior. Briceño fue crítico con la decisión y cuestionó que algunos exfuncionarios parecieran valorar el estatus que les daba el uso de vehículos blindados de marca Toyota.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada de evaluar los niveles de riesgo de servidores públicos, exfuncionarios, líderes sociales y otras personas que requieren protección estatal en Colombia. Con base en esos estudios de seguridad, la UNP asigna o retira esquemas que incluyen escoltas, vehículos y otros medios de protección.
De acuerdo con la versión del ministro Lara Restrepo, la UNP realiza periódicamente revisiones de los niveles de riesgo. Cuando el análisis indica que el riesgo disminuyó, la entidad ajusta los dispositivos. Esa sería la explicación oficial para los cambios denunciados por Briceño en los esquemas de los exfuncionarios petristas.
Daniel Briceño, conocido por sus veedurías a través de redes sociales, consideró que la decisión afecta a personas que aún podrían requerir protección. Su crítica se centró en la forma en que algunos exfuncionarios asumían los esquemas, al asociarlos más con un símbolo de estatus que con una necesidad de seguridad.
El cruce de versiones deja sobre la mesa una pregunta central: si los estudios técnicos de riesgo de la UNP concluyeron que los niveles de amenaza bajaron, o si la reducción responde a otros criterios. La entidad no publicó, hasta el momento en la nota de Infobae, el detalle de los casos ni los sustentos técnicos de cada ajuste.
Para los exfuncionarios protegidos, el impacto es directo en su vida diaria. Perder un escolta o un vehículo blindado implica mayor exposición en desplazamientos y actividades públicas, sobre todo en un país donde exministros y exalcaldes han sido víctimas de atentados en décadas recientes.
La controversia se inscribe en un debate más amplio sobre el uso de los recursos de la UNP. Cada esquema de protección tiene un costo significativo para el Estado, y las decisiones sobre a quién se asigna, mantiene o retira suelen generar disputas políticas entre gobiernos de distinto signo.
Por ahora, el Ministerio del Interior defiende la legalidad y la conveniencia de los ajustes. El veedor Briceño anunció que seguirá insistiendo en que se aclaren los criterios. Queda pendiente que la UNP publique los estudios de riesgo que respaldan cada decisión, para que la ciudadanía pueda verificar si los cambios se ajustaron a la realidad de las amenazas.