El representante a la Cámara David Cote elevó una solicitud directa al presidente Abelardo de la Espriella para que su Gobierno radique ante el Congreso un proyecto de ley que derogue de manera integral la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional que impulsó el expresidente Gustavo Petro. Según la solicitud, una vez derogada la norma, el Ejecutivo debería promover una nueva reforma pensional que reemplace la actual.
La petición se conoce luego de que la Corte Constitucional avalara la Ley 2381 de 2024, tras revisar una demanda que cuestionaba varios de sus artículos. Con ese fallo, la reforma pensional quedó en firme en su contenido principal, lo que abrió un nuevo debate en el Congreso sobre su conveniencia y su permanencia en el ordenamiento jurídico.
Para Cote, la decisión de la Corte no zanjó las discusiones de fondo sobre el sistema de pensiones. El representante considera que la reforma contiene problemas estructurales que requieren una revisión completa, por lo que pidió avanzar hacia una derogación total en lugar de nuevos ajustes parciales. La frase “Colombia no necesita más remiendos”, atribuida al congresista por la fuente, resume esa postura.
La Ley 2381 de 2024 es la reforma pensional aprobada durante el gobierno de Petro. Su objetivo declarado fue unificar el sistema de pensiones entre Colpensiones y los fondos privados, fijar reglas de transición para los afiliados actuales y modificar los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder a la jubilación. También redefinió el papel de cada administradora dentro del nuevo modelo.
El sistema pensional colombiano venía operando con una división entre el régimen público administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad, gestionado por las sociedades administradoras de fondos de pensiones. La reforma buscó trasladar la mayoría de los nuevos cotizantes al régimen público, manteniendo la competencia en ciertos tramos de ingresos y semanas acumuladas.
La solicitud del representante se dirige específicamente al jefe de Estado y no a otra rama del poder público. Pide que sea el Gobierno nacional, encabezado por De la Espriella, el que impulse el proyecto derogatorio en el Legislativo, en lugar de que la iniciativa quede en manos únicamente de los congresistas.
En términos de procedimiento, una derogación integral implica que la ley deje de producir efectos en su totalidad y que el Congreso deba discutir y aprobar, paso a paso, una nueva normativa que regule la materia. Mientras esa nueva ley no exista, el sistema quedaría sin un marco actualizado, lo que abre interrogantes sobre el régimen aplicable en ese período de transición.
La petición se inscribe en un ambiente político marcado por el cambio de administración. Sectores que se opusieron a la reforma pensional durante el gobierno de Petro han retomado los cuestionamientos ahora que un nuevo Gobierno evalúa sus prioridades legislativas. La propuesta de Cote se suma así a otros llamados de reforma o revisión que circulan en el Congreso desde la posesión del nuevo Ejecutivo.
Por ahora, no se conoce una respuesta oficial del presidente De la Espriella ni del Ministerio del Interior o del Ministerio de Hacienda sobre la solicitud del representante. Tampoco se ha radicado formalmente ningún proyecto de ley en ese sentido. La petición queda como un insumo político dentro del debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano.
El desenlace dependerá de la decisión del Gobierno sobre si acompaña la iniciativa y de la voluntad del Congreso para tramitar una derogación que, por su alcance, exige mayorías claras y un acuerdo amplio entre bancadas, dado el impacto fiscal y social de desmontar por completo la Ley 2381 de 2024.