El gobierno de Abelardo de la Espriella abrió la puerta para el eventual regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Colombia, una estrategia que estuvo suspendida durante casi una década. La información fue divulgada por The Morning Call, que reseñó las primeras señales oficiales en esa dirección.
La aspersión aérea con herbicidas fue durante años una herramienta central de la lucha antidroga en el país. Se suspendió tras cuestionamientos sobre sus efectos en la salud, en el medio ambiente y en las comunidades campesinas que habitan las zonas de cultivo. Desde entonces, Colombia ha recurrido principalmente a la erradicación manual, con resultados que las propias autoridades han calificado de insuficientes.
El anuncio llega en un momento en el que las cifras de cultivos de coca se mantienen entre las más altas del mundo. Organizaciones internacionales y voceros del propio Estado han advertido que la producción de cocaína y la disputa por el control de los territorios siguen siendo motores de violencia en regiones apartadas.
La posible reanudación de la aspersión aérea enfrenta resistencias en distintos sectores. Comunidades campesinas, organizaciones ambientales y algunos sectores académicos han pedido que cualquier nueva fase del programa esté acompañada de estudios independientes sobre impacto ambiental y sanitario, así como de mecanismos de consulta previa con las poblaciones afectadas.
De concretarse, la medida implicaría un giro en la política de drogas del gobierno de De la Espriella. Expertos en seguridad y política antinarcóticos han señalado que la decisión final dependerá de la presión internacional, de los compromisos en derechos humanos y de la capacidad del Estado para evitar que la fumigación afecte a cultivos lícitos.
Colombia ha sido escenario de una larga controversia sobre el uso de herbicidas en la lucha antidroga, con litigios en tribunales internacionales y demandas ante la Corte Constitucional. Cualquier decisión sobre el regreso de la aspersión aérea tendrá que sortear ese marco jurídico, además de los compromisos derivados de los acuerdos de paz firmados en 2016.
El gobierno no ha detallado todavía un cronograma, ni las zonas priorizadas ni el tipo de herbicida que se emplearía. Tampoco se conoce si el proceso irá acompañado de programas de sustitución voluntaria de cultivos, una de las estrategias centrales del acuerdo final con las antiguas FARC.
Para los ciudadanos, el debate tiene efectos directos. En las regiones cocaleras, la aspersión aérea puede afectar economías locales dependientes de la agricultura familiar. En las ciudades, la decisión influye en la política de seguridad y en la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, principal consumidor de la cocaína producida en el país.
Por ahora, lo que queda sobre la mesa es una intención expresada por el gobierno nacional, según registró The Morning Call. Lo que sigue son las decisiones técnicas, jurídicas y políticas que determinarán si Colombia vuelve a fumigar sus cielos contra los cultivos ilícitos.