El presidente Abelardo de la Espriella dejó sin efecto una resolución que ordenaba suspender la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca en Colombia, según reportó Bloomberg Línea. El hecho no implica el reinicio automático de las fumigaciones, pero elimina un obstáculo administrativo para que el programa pueda reactivarse.
La medida revierte un lineamiento expedido durante la administración anterior, que había ordenado frenar las operaciones de aspersión. Esa decisión se enmarcó en la suspensión progresiva del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), que estuvo vigente durante varios gobiernos tras cuestionamientos ambientales y de salud pública.
El glifosato es un herbicida de amplio uso agrícola cuyo empleo en la lucha contra los cultivos de uso ilícito en Colombia ha sido objeto de debate durante más de dos décadas. El PECIG fue suspendido en 2015 tras una sentencia de la Corte Constitucional que pidió cumplir con requisitos de salud y ambientales antes de reanudar las fumigaciones. Desde entonces, la erradicación se realiza principalmente de forma manual.
El hecho de tumbar la resolución no significa que las avionetas salgan a fumigar de inmediato. Para que las operaciones se reanuden se necesita cumplir con los protocolos fijados por la Corte Constitucional, incluida la actualización de los estudios sobre los efectos del herbicida y la concertación con las comunidades en las zonas de intervención.
La decisión llega en un contexto de presión internacional y nacional por el aumento de los cultivos de coca. El informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha registrado en los últimos años incrementos sostenidos del área sembrada, lo que ha puesto en discusión la eficacia de la erradicación manual frente a los volúmenes detectados.
Sectores ligados a la política de drogas venían pidiendo reabrir el debate sobre la aspersión, argumentando que la erradicación manual no alcanza a cubrir las hectáreas cultivadas. Organizaciones ambientales y de derechos humanos, en cambio, han advertido sobre los riesgos del glifosato para la salud de las poblaciones rurales y para ecosistemas como los páramos y las fuentes de agua.
En lo inmediato, la decisión del presidente reabre la discusión sobre el modelo de lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia. El Gobierno deberá definir si avanza en la actualización de los estudios técnicos y en los acuerdos con las comunidades, o si mantiene la erradicación manual como herramienta principal.
Bloomberg Línea publicó la información y el Observatorio la reproduce como insumo para el seguimiento ciudadano de las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad y política de drogas.