El presidente Abelardo de la Espriella firmó resoluciones para poner fin a los diálogos y espacios sociojurídicos que funcionaban como instancias de negociación con grupos armados y sectores sociales, según informó Infobae. Con esa decisión, la administración actual marca un giro frente a la línea que había seguido el gobierno anterior en materia de paz.
La misma jornada, el Ejecutivo anunció el lanzamiento de una política de sometimiento a la justicia, una ruta que plantea a las organizaciones armadas la entrega y el juzgamiento bajo las reglas ordinarias, en lugar de mesas de conversación sostenidas en el tiempo. El modelo reemplaza el esquema anterior de espacios sociojurídicos por un mecanismo centrado en la judicialización.
Junto con el cierre, el Gobierno retiró a Isabel Zuleta del rol de negociadora. Zuleta había participado como representante del Estado en una de las instancias de diálogo abiertas durante el gobierno de Gustavo Petro. Su salida se concreta con la firma de las nuevas resoluciones, de acuerdo con la fuente.
Los diálogos y espacios sociojurídicos funcionaron durante la administración previa como canales de conversación con estructuras armadas y con actores sociales en distintos territorios. Con su terminación, las instancias que dependían de la voluntad política del Ejecutivo anterior pierden el soporte institucional que las sostenía.
La figura del sometimiento a la justicia tiene antecedentes en la legislación colombiana, con marcos previos que han permitido la entrega individual o colectiva de miembros de organizaciones armadas a cambio de beneficios penales definidos por la ley. La nueva política se inscribe en esa tradición, aunque los detalles de su aplicación deberán definirse en decretos y reglamentos posteriores.
Para los territorios donde operan los grupos armados, el cambio implica un escenario distinto al de los últimos años: se cierra la vía de la negociación política como mecanismo central y se abre la del ingreso al sistema penal ordinario. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos suelen alertar sobre el efecto que ese tránsito tiene en las comunidades.
En el frente institucional, la salida de Isabel Zuleta cierra un ciclo dentro del equipo de negociadores que trabajó en las mesas del gobierno anterior. Otros funcionarios que participaban en esos espacios quedan sin una mesa activa en la cual ejercer su función, lo que redefine el papel de las delegaciones en el corto plazo.
El Ejecutivo no entregó mayores detalles operativos sobre la implementación de la política de sometimiento en el momento del anuncio reportado por Infobae. Queda pendiente conocer los plazos, los grupos a los que se dirigirá y los beneficios penales que se ofrecerán, así como la reacción de las organizaciones armadas y de los países acompañantes de los anteriores procesos.
La decisión se conoce en un contexto de debate nacional sobre la estrategia más eficaz para enfrentar a los grupos armados, un debate que ha dividido a analistas, gremios y organizaciones de víctimas. El cierre de los diálogos y la apuesta por el sometimiento reabren esa discusión sobre el rumbo de la política de seguridad y paz en Colombia.