El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó una acusación pública contra el mandatario saliente, Gustavo Petro, al señalarlo de promover acciones que calificó como golpistas. La denuncia se conoce en un momento sensible del calendario político: el país se prepara para el cambio de mando presidencial.
Según la información publicada por Notimérica, De la Espriella dirigió su mensaje de forma directa a las Fuerzas Militares. Les pidió que actúen como garantes de la Constitución durante el proceso de transición. El pedido incluyó la protección del orden institucional frente a lo que el presidente electo considera una amenaza concreta desde la Casa de Nariño.
La acusación se inscribe en una relación política que ha sido distante desde la campaña. Petro y De la Espriella representan proyectos opuestos para Colombia. El primero impulsó reformas sociales, ambientales y de paz total. El segundo planteó un giro en materia de seguridad, economía y relaciones internacionales, con un discurso cercano a la derecha tradicional y a sectores empresariales.
En Colombia, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil por mandato de la Constitución de 1991. Su función incluye defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial. También deben proteger los derechos fundamentales y colaborar en el mantenimiento del orden público. Una exhortación pública de un presidente electo a los militares tiene un peso político considerable, porque anticipa cómo será la relación entre el nuevo gobierno y la cúpula militar.
La palabra golpismo alude a un intento de ruptura del orden constitucional. En la historia reciente de Colombia, ese término ha sido usado tanto por el oficialismo como por la oposición para describir acciones que consideran contrarias a la Carta Política. Aún no se conoce una respuesta oficial de Petro ni de su equipo de gobierno a las declaraciones de De la Espriella.
Para la ciudadanía, la declaración eleva la tensión en un momento de transición. Sectores que apoyaron a De la Espriella la interpretan como una advertencia necesaria. Sectores afines a Petro la califican como una escalada retórica antes de la posesión. La percepción pública sobre la institucionalidad puede verse afectada en las semanas previas al relevo presidencial.
El gobierno saliente enfrenta en este momento el cierre de su gestión, con cuentas pendientes en varias reformas y un proceso de empalme en marcha. El nuevo equipo de gobierno trabaja en el diseño de su gabinete y en los primeros anuncios de política. La forma en que se desarrolle este cruce de declaraciones puede condicionar la atmósfera política del inicio del nuevo periodo.
Queda por verse si la Casa de Nariño responde formalmente a la acusación. También falta conocer el pronunciamiento del Ministerio de Defensa y del comando general de las Fuerzas Militares. La opinión pública estará atenta a cualquier movimiento institucional que confirme o desmienta las preocupaciones expresadas por el presidente electo.