El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que Sincelejo y Sucre contarán con inversión del Gobierno nacional, según reportó KienyKe. El anuncio, no obstante, vino acompañado de una advertencia directa sobre el manejo de los recursos públicos en esa zona del país.
De La Espriella condicionó la llegada de los recursos a que queden bajo controles reforzados. La razón, explicó, son las investigaciones que rodean al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, quien ha sido mencionado en distintos procesos por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de fondos públicos.
Yahir Acuña es una figura política de peso en Sucre. Ha ocupado cargos de elección popular y ha sido señalado en varias ocasiones por la oposición y por organismos de control. Las pesquisas en su contra han incluido indagaciones por presunta corrupción y por posibles vínculos con redes clientelistas en la región.
El mensaje del presidente llega en un momento sensible para las relaciones entre el Ejecutivo y los mandatarios locales. En varias regiones de Colombia, los gobiernos han pedido mayor presencia estatal en obras de infraestructura, salud y educación, y al mismo tiempo han chocado con las alertas de los organismos de control por manejos opacos de los recursos.
Con la advertencia, el Gobierno busca enviar una señal política de transparencia en el uso de los dineros públicos. La condicionamiento de la inversión a mecanismos de seguimiento se ha convertido en un instrumento frecuente cuando la Casa de Nariño sospecha de riesgos de corrupción en las administraciones locales.
Para los habitantes de Sincelejo, la noticia tiene una lectura doble. Por un lado, reconocen la necesidad de inversión en un departamento con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Por otro, temen que las obras prometidas se retrasen o se ejecuten de manera parcial mientras se resuelven los procesos judiciales.
Sectores productivos de Sucre también están atentos al resultado de esta decisión. La inversión nacional es clave para proyectos de vías, acueducto y saneamiento, sectores que han reclamado durante años mayor atención del nivel central. La promesa presidencial abre esa puerta, pero los controles la condicionan.
La oposición y veedurías ciudadanas celebraron la advertencia. Señalaron que el condicionamiento de los recursos es una herramienta útil para evitar que los mandatarios locales repitan prácticas que han afectado la ejecución de obras en el pasado. Pidieron, además, que los controles sean públicos y verificables.
Mientras tanto, desde el entorno del alcalde Acuña no se conocieron de inmediato reacciones públicas al pronunciamiento presidencial. Las investigaciones mencionadas por De La Espriella siguen en curso y corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades individuales.
Queda pendiente cómo se materializarán los controles anunciados y qué entidad los liderará. El Gobierno deberá definir si intervendrán la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía, o si se creará un mecanismo específico de seguimiento para los recursos que lleguen a Sincelejo mientras se aclaran las pesquisas en contra del alcalde.