El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia pública al gobernador de Nariño tras conocerse que la autoridad regional ha mantenido diálogos con grupos armados que hacen presencia en ese departamento. El medio Informativo del Guaico reportó la advertencia presidencial, que se suma a una serie de fricciones entre el Ejecutivo y mandatarios locales por el manejo de las conversaciones con estructuras ilegales.
Nariño es uno de los departamentos con mayor presencia de grupos armados organizados y economías ilícitas en Colombia. En esa región confluyen disidencias de las antiguas Farc, el ELN y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. La complejidad del conflicto armado en el sur del país ha obligado a distintos gobernantes a buscar mecanismos de interlocución, en muchos casos al margen de la política de seguridad del Gobierno nacional.
La figura del gobernador tiene competencias limitadas en materia de seguridad y orden público. La dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional corresponde al presidente de la República y al ministro de Defensa. No obstante, los mandatarios regionales suelen servir como mediadores o facilitadores en zonas donde el Estado tiene una presencia débil, una práctica que ha generado debates jurídicos y políticos sobre los márgenes de la autonomía territorial.
La advertencia del presidente De la Espriella se inscribe en una línea de choque entre el Gobierno central y algunas gobernaciones que han explorado vías de diálogo regional. Para el Ejecutivo, estas aproximaciones pueden comprometer la política de seguridad y debilitar la acción de la fuerza pública. Para los gobiernos locales, en cambio, pueden ser una herramienta necesaria para proteger a poblaciones confinadas o afectadas por la violencia.
Organizaciones de derechos humanos y académicos han señalado que el diálogo regional con grupos armados en zonas de alta conflictividad puede evitar escaladas de violencia y proteger a comunidades vulnerables. También han advertido sobre los riesgos de legitimar a esas organizaciones o de sustituir la responsabilidad estatal de proteger a los ciudadanos. El caso de Nariño reabre ese debate en un momento sensible para la política de paz y seguridad del país.
La reacción del gobernador de Nariño y de otros actores regionales será determinante en los próximos días. Hasta el momento, el Informativo del Guaico no detalla la postura oficial del gobernador ni de la Asamblea departamental frente a la advertencia presidencial. La ciudadanía nariñense, acostumbrada a vivir en medio del conflicto, observa con atención si la tensión política se traduce en cambios operativos sobre el terreno.
El episodio deja abiertas varias preguntas sobre la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales. El Gobierno nacional tiene la potestad de dirigir la política de seguridad, mientras los mandatarios locales buscan responder a las urgencias de sus territorios. Encontrar un equilibrio entre ambas responsabilidades es uno de los retos centrales de la gobernabilidad en zonas afectadas por el conflicto armado.