El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este miércoles que la política de paz total, diseñada por la administración anterior para abrir diálogos simultáneos con grupos armados ilegales, ha llegado a su fin. En sus declaraciones, recogidas por Notimérica, el Mandatario sostuvo que ese proceso constituyó una farsa y que su Gobierno no continuará con esa línea de trabajo.
La paz total fue la apuesta central del gobierno precedente para intentar reducir la violencia mediante conversaciones con estructuras como el EMC, disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, y otros grupos catalogados como organizaciones armadas organizadas, según la normatividad vigente. Ese esquema incluyó leyes y decretos orientados a suspender órdenes de captura, suspender acciones militares contra agrupaciones específicas y habilitar espacios de diálogo en distintas regiones del país.
La postura del nuevo Presidente marca un giro en la política de seguridad del Estado colombiano. El Mandatario ha señalado en distintas intervenciones que su Administración privilegiará la fuerza pública, la articulación institucional y la protección de las comunidades frente a las estructuras que persistan en actividades ilícitas, sin descartar eventuales acercamientos cuando estos conduzcan a resultados verificables.
Organizaciones sociales y sectores académicos han advertido en los últimos años sobre los efectos del modelo de negociación simultánea. Señalan que la fragmentación de las mesas dificulta el seguimiento a los compromisos y que, en varias zonas, las confrontaciones armadas se intensificaron mientras avanzaban los diálogos. Estos cuestionamientos formaron parte del debate público que llevó al actual Gobierno a replantear la estrategia.
Para los ciudadanos, el anuncio implica un cambio en las expectativas sobre la seguridad en regiones afectadas por el conflicto armado, donde los procesos de paz condicionan el retorno de comunidades desplazadas, la presencia institucional y el acceso a servicios básicos. La nueva ruta anunciada por el Presidente deberá traducirse en decisiones concretas sobre el presupuesto de defensa, la política criminal y los protocolos de protección a líderes sociales.
Desde el punto de vista institucional, la decisión obliga a revisar el marco normativo expedido bajo la figura de paz total. Decretos, resoluciones y mesas técnicas vigentes deberán ser evaluados para determinar cuáles se mantienen, cuáles se derogan y cuáles requieren ajustes, en línea con los lineamientos que trace la nueva Administración.
Analistas consultados en distintas ocasiones han planteado que cualquier transformación en la estrategia debe mantener como prioridad la protección de la población civil y la búsqueda de soluciones duraderas a las violencias. Para el Gobierno, el énfasis estará en la seguridad y la presencia efectiva del Estado, mientras que sectores de oposición han expresado su preocupación por eventuales retrocesos en materia de derechos humanos y participación.
Queda por verse cómo se materializará la nueva política. El Gobierno deberá precisar si abrirá procesos de sometimiento individual, si impulsará figuras de justicia transicional distintas a las anteriores y de qué manera se articulará con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y los demás componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.