El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el secuestro de tres policías por elELN. Según el reporte de Diario Las Américas, el Mandatario sostuvo que los responsables “sentirán todo el peso de la ley”. La declaración se produjo en un momento de alta tensión entre el Gobierno y esa guerrilla, que reclama desde julio una mesa de negociación y mantiene secuestrados al menos a 32 personas en el Catatumbo.
El secuestro ocurre una semana después del primer bombardeo ordenado por el Presidente contra elELN. El operativo, ejecutado por la Fuerza Aérea, dejó nueve guerrilleros muertos y reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad en regiones como Arauca, Catatumbo y Chocó, donde la guerrilla mantiene presencia y control de rutas de narcotráfico.
El ELN, reconocido por el Gobierno anterior como grupo terrorista, pasa por uno de los momentos más difíciles desde su fundación en 1964. En diciembre de 2023, el entonces presidente Gustavo Petro congeló el diálogo de paz por la negativa de esa guerrilla a suspender los secuestros. Las imágenes de uniformadosplagiados en el Catatumbo muestran la profundidad de la fractura entre las partes.
El secuestro de policías tiene además un efecto directo sobre la confianza en la fuerza pública. LaPolicía Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, ha sido blanco frecuente de esa guerrilla. En 2023, elELN asesinó a tres uniformados en el Catatumbo y secuestró a 80 soldados en el Patía, Cauca, evidencia de la táctica de presión armada que esa guerrilla usa para fortalecerse en zonas expulsoras de Estado.
La respuesta del Gobierno llega en un contexto internacional delicado. La reciente captura de “IvánMordisco”, jefe del Estado Mayor Central, y los ataques al Clan del Golfo en el Urabá antioqueño le dieron aire a la política de “paz total” del gobierno anterior. Sin embargo, el actual Ejecutivo ha sido blanco de críticas por la estrategia militar, ya que los secuestros no han cesado pese a los operativos en su contra.
El pronunciamiento presidencial no detalla qué acciones legales o militares se ejecutarán contra los responsables. Por ahora, la incertidumbre se cierne sobre lafamilia de losuniformados, que permanece en vilo. Mientras, crece la presión social y política al interior delCongreso para que elGobierno explique el alcance de la operación militar y la ruta de la posible liberación.
En elCatatumbo, donde se reportó elsecuestro, laMesa de Diálogo y Coordinación Interinstitucional, integrada por laONU, laDefensoría delPueblo y laIglesia católica, gestiona desde hace meses la libertad de plagiados. La presencia de laMisión de Verificación de laONU enColombia, prevista en el acuerdo deH Habana de 2016, es un actor clave para mediar en la crisis.
El caso, además, coincide con la reciente decisión de laJEP de abrir un expediente sobre elrecrudecimiento de la violencia en esa zona. La jurisdicción transicional tiene abiertas investigaciones a 35 excombatientes de lasFarc que reincidieron en el narcotráfico, varios de ellos en connivencia con elELN. La situación pone a prueba la capacidad delEstado para responder con fuerza y con justicia.
En lo inmediato, familiares de losuniformados pidieron respetuosamente alGobierno garantías de seguridad y un canal humanitario para la liberación. Organizaciones de derechos humanos como laComisión Colombiana deJuristas pidieron que las operaciones militares estén apegadas alD IH. La tensión entre la fuerza y la negociación marca el rumbo delsegundo año delMandato presidencial.