Una encuesta reciente sitúa al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en 54% de aprobación ciudadana, su nivel más alto desde que asumió el cargo. El repunte se conoce en un momento en que el Ejecutivo intensificó los operativos contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato, según recoge NTN24.
Los sondeos previos, divulgados por distintas firmas durante el primer tramo del mandato, mostraban a De la Espriella con niveles de respaldo más moderados. El nuevo estudio, cuyos detalles metodológicos no aparecen en el extracto, coincide con un período en el que las fuerzas de seguridad han reportado capturas de cabecillas de estructuras armadas y decomisos récord de cargamentos de droga en puertos del Caribe y el Pacífico.
La lucha contra el crimen organizado ha sido una de las banderas centrales del Gobierno. En sus primeras alocuciones, el presidente planteó la necesidad de golpear las finanzas de las bandas, proteger a líderes sociales y reducir los índices de violencia en zonas rurales donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada.
Para la ciudadanía, los indicadores de seguridad son una de las variables que más pesan en la valoración del Gobierno. Encuestadores suelen asociar la percepción de orden con el respaldo presidencial, sobre todo en regiones golpeadas por el conflicto armado y la criminalidad común. La mejora en las cifras de homicidio y extorsión, cuando se ha producido, tiende a traducirse en mejoras en la imagen del Ejecutivo, y a la inversa.
Sectores de la oposición han cuestionado los resultados de la encuesta y el alcance real de los operativos. Críticos señalan que las capturas de cabecillas no siempre se traducen en desarticulación de las redes y que la seguridad en regiones como el Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar sigue siendo una preocupación vigente para sus habitantes.
La estrategia oficial combina operativos militares, recompensas por información y cooperación con agencias de Estados Unidos y de países vecinos. Funcionarios del Gobierno han subrayado en declaraciones recogidas por distintos medios que la presión sobre las estructuras criminales se mantendrá durante los próximos meses, sin descartar la posibilidad de nuevas operaciones de alto impacto.
El contexto regional también influye en el debate. Gobiernos de América Latina han endurecido sus políticas antinarcóticos ante el crecimiento del tráfico de cocaína y de precursores químicos. En ese marco, Colombia es vista como pieza clave por su condición de principal productor mundial de hoja de coca, lo que añade presión internacional sobre los resultados de la política de seguridad.
Quedan varios retos pendientes. Las autoridades deberán demostrar que las capturas sostenidas se traducen en reducción sostenida de delitos como la extorsión a comerciantes, el reclutamiento forzado de menores y los ataques contra la fuerza pública. También deberán responder a las demandas de las comunidades afectadas por operativos, que piden mayor protección y presencia institucional más allá de las acciones puntuales.