El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de desplegar una operación conjunta dirigida a investigar el presunto hurto de 123.700 barriles de combustibles al mes en Colombia, según reportó La Opinión. La instrucción presidencial pone la lupa sobre una de las economías ilegales que más pesa sobre el sector energético nacional.
De acuerdo con el extracto publicado por La Opinión, la operación no se limita al robo en sí. También apunta a determinar su posible conexión con el narcotráfico y con la financiación de grupos armados. Con ese alcance, la instrucción presidencial busca golpear toda la cadena criminal asociada al delito, desde el sitio donde se perforan los ductos hasta los puntos de venta del combustible robado.
El robo de combustibles en Colombia no es un fenómeno nuevo. A lo largo de las últimas décadas, distintos informes han señalado la perforación ilegal de poliductos, la manipulación de válvulas y el uso de carrotanques informales como métodos recurrentes. El volumen mencionado en la orden, 123.700 barriles mensuales, equivale a un porcentaje relevante del consumo interno de derivados como gasolina y diésel, según estimaciones sectoriales recogidas en distintas investigaciones periodísticas previas.
La maniobra declarada por el presidente tiene efectos directos sobre los ciudadanos. Cuando se pierde esa cantidad de barriles por robo, las empresas transportadoras y refinadoras asumen costos que terminan trasladados al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio. Además, las zonas por donde atraviesan los poliductos suelen ser las mismas donde los grupos armados ejercen control territorial, lo que profundiza la inseguridad en regiones como el Magdalena Medio, el Catatumbo y zonas del suroccidente del país.
El Gobierno vinculó la pesquisa con la lucha contra el narcotráfico y la financiación de estructuras armadas ilegales. Esa conexión ha sido documentada por autoridades y medios en investigaciones pasadas, que han señalado cómo el combustible hurtado se usa como insumo para operaciones de minería ilegal, como moneda de cambio en zonas cocaleras o como fuente directa de recursos para grupos al margen de la ley. La orden presidencial recoge esa preocupación y la convierte en una línea explícita de trabajo.
La operación conjunta implica articulación entre la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia y las entidades encargadas de la regulación del sector de hidrocarburos. La instrucción del presidente, según La Opinión, es que la cadena completa sea objeto de investigación, lo que incluye a quienes extraen el combustible de manera ilegal, a quienes lo transportan, a quienes lo comercializan y a quienes lo lavan dentro de la economía formal.
La reacción desde el sector energético aún está por consolidarse. Ecopetrol y los demás actores del segmento de transporte y refinación de combustibles son piezas clave para cualquier operativo, porque son quienes operan la infraestructura física donde se origina el robo. Su cooperación, mediante sistemas de monitoreo, válvulas de corte y mecanismos de detección temprana, resulta determinante para que la orden presidencial se traduzca en resultados medibles.
A corto plazo, la atención se concentra en los primeros resultados de la operación conjunta y en la identificación de los eslabones de la cadena criminal mencionada por el presidente. La instrucción de De la Espriella, reportada por La Opinión, deja abierta una agenda que combina seguridad, lucha contra el narcotráfico y protección de la infraestructura energética del país, con efectos directos sobre el bolsillo de los colombianos y sobre la estabilidad en las regiones donde operan los grupos armados.