El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó una alerta pública sobre lo que calificó como un plan para desestabilizar al país antes de su posesión. Según la agencia Expreso, el mandatario entrante rechazó de manera expresa la convocatoria a la desobediencia civil impulsada por sectores de izquierda, a los que acusó de preparar acciones que pondrían en riesgo la estabilidad institucional.
La declaración se produce en un momento sensible del calendario político. La transición entre el gobierno saliente y el entrante suele concentrar tensiones entre el nuevo Ejecutivo y los movimientos sociales que apoyaron al gobierno anterior. En ese contexto, la alerta de De la Espriella busca posicionar el tema en la opinión pública y dejar constancia de su rechazo frontal a cualquier forma de protesta que, a su juicio, quebrante el orden democrático.
De forma paralela, sectores de la oposición preparan marchas en tres de las ciudades más pobladas del país: Bogotá, Cali y Barranquilla. Aunque la fuente no detalla las fechas exactas ni los puntos de concentración, sí confirma que la convocatoria ya está en marcha y que responde, en parte, al mismo escenario de polarización que rodea la posesión presidencial.
El uso del término desobediencia civil reaviva un debate de larga data en Colombia. Históricamente, ese concepto ha sido empleado por distintos movimientos sociales para justificar bloqueos, paros y ocupaciones de espacios públicos como forma de presión frente al Estado. La Constitución reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero también tipifica delitos asociados a la obstrucción de vías y a la alteración del orden público.
Para los gremios económicos, este tipo de anuncios suelen traducirse en cautela inversora. Las jornadas de paro en Bogotá, Cali y Barranquilla han afectado en el pasado el transporte, el comercio y la cadena logística, con pérdidas cuantiosas para sectores como el industrial y el minorista. Aunque todavía no hay convocatoria oficial con rutas y horarios, los operadores ya empiezan a evaluar planes de contingencia.
En el plano institucional, la respuesta del Estado frente a una eventual escalada dependerá de la fuerza pública y de los gobiernos locales. Alcaldías como las de Bogotá y Cali han sido escenario reciente de tensiones entre el Ejecutivo nacional y las administraciones distritales, sobre todo cuando las manifestaciones superan los puntos de concentración acordados.
Sectores cercanos al gobierno electo insisten en que la alerta no busca criminalizar la protesta, sino evitar lo que describen como intentos coordinados de generar caos. Desde la oposición, en cambio, se interpreta el pronunciamiento como una señal de que la nueva administración llegará con una línea dura frente a la movilización social.
Quedan varios elementos por definirse en los próximos días. Entre ellos, la fecha y el alcance real de las marchas anunciadas, la posición de los gobiernos locales frente a los operativos de seguridad y el tono que adopte la nueva Casa de Nariño durante el periodo de transición. Cualquiera de esos factores puede modificar el rumbo de una controversia que apenas comienza.