El presidente Abelardo de la Espriella encendió las alarmas por la disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia. Según Caracol Radio, el jefe de Estado alertó sobre presiones del Clan Torres para inclinar la definición del diferendo, que lleva años sin resolverse entre ambos municipios del Atlántico.
De la Espriella no descartó que detrás de esa presión operen también intereses políticos y privados. El pronunciamiento se produce en un momento sensible: la definición de los límites no solo redefine la jurisdicción sobre predios, tributos y servicios, sino que toca uno de los activos más disputados del Caribe colombiano, como es la zona costera y portuaria.
El diferendo entre Barranquilla y Puerto Colombia es uno de los más antiguos del país. A lo largo de las últimas décadas ha generado fricciones por la pertenencia de sectores estratégicos, incluidos barrios, lotes y áreas de desarrollo urbanístico y turístico. La falta de una decisión definitiva ha alimentado litigios judiciales, debates en el Congreso y roces entre las administraciones municipales.
La mención del Clan Torres abre un flanco distinto al debate. Según la fuente, el presidente sugirió que esta estructura, que ha sido señalada en investigaciones judiciales y prensa por su influencia en la región Caribe, buscaría mover la balanza a su favor en la decisión territorial. La advertencia se enmarca en el interés del Gobierno nacional por intervenir en la delimitación, una competencia que corresponde en primera instancia al Congreso y a los organismos de ordenamiento territorial.
El pronunciamiento presidencial llega en un contexto en el que el Ejecutivo ha reiterado su intención de revisar los diferendos limítrofes pendientes en el país. Para los habitantes de ambos municipios, el desenlace tiene efectos prácticos: define a cuál alcaldía pagan impuestos, qué autoridad expide licencias de construcción y cuál responde por la prestación de servicios públicos en zonas en disputa.
Sectores políticos del Atlántico habían pedido en meses recientes que la controversia se resolviera con criterios técnicos y no políticos. La advertencia de De la Espriella reorienta el debate hacia la transparencia del proceso y hacia quién influye en él, un punto que organizaciones civiles y gremios locales han reclamado en reiteradas ocasiones.
Desde el Gobierno no se conocieron, por ahora, acciones formales derivadas de la advertencia presidencial. Queda por verse si el Ejecutivo radicará alguna solicitud ante las instancias competentes, si abrirá investigaciones por la presunta injerencia del Clan Torres o si convocará a las partes a una mesa de trabajo. La disputa, mientras tanto, sigue abierta y con ella la incertidumbre para miles de ciudadanos que viven en las zonas en discusión.
Caracol Radio fue la fuente del pronunciamiento. El alcance de las palabras del presidente, el grado de injerencia real que denuncie y la respuesta del Clan Torres y de los mandatarios locales serán los próximos capítulos de una controversia que combina territorio, poder regional y sospechas de presión irregular.