De acuerdo con el portal Pulzo, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara el desmonte de una decisión tomada por la administración de Gustavo Petro que modificaba las condiciones del ahorro pensional de miles de trabajadores colombianos. La noticia fue titulada por el medio como un giro inesperado, dado el perfil técnico del asunto y la cantidad de ciudadanos involucrados.
Las pensiones en Colombia se financian principalmente a través del sistema de ahorro individual, administrado por fondos privados como Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos, aunque también opera un componente público bajo la administración de Colpensiones. Cualquier modificación en las reglas del juego tiene efectos directos sobre el monto que recibirán los futuros pensionados y sobre la rentabilidad de los aportes que hoy están en los fondos.
Durante el gobierno de Petro se discutieron y adoptaron varios ajustes orientados a fortalecer el rol de Colpensiones dentro del sistema, con el argumento de reducir la brecha entre quienes se pensionan por un esquema y por el otro. Una de las medidas generó debate porque, según interpretaciones de gremios y expertos, restringía opciones para quienes tenían parte de su ahorro en los fondos privados.
El reversazo anunciado por el equipo de De la Espriella se inscribe en la línea de marcar distancia con las reformas del periodo anterior. Aunque la medida específica aún no se había hecho pública al momento de la publicación de Pulzo, el medio anticipó que su alcance podía tocar los derechos ya constituidos de los afiliados y la forma en que se venían trasladando saldos entre administradoras.
Para los trabajadores activos, cualquier cambio en las reglas de traslado o en la administración de los recursos pensionales obliga a revisar decisiones como el cambio de fondo, la selección de portafolio de inversión y el plan de aportes voluntarios. Los analistas del sector recomiendan esperar los textos oficiales antes de tomar cualquier decisión que mueva dineros de un fondo a otro.
Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías suelen ser las primeras en reaccionar cuando se conocen estos giros regulatorios, pues sus balances y sus perspectivas de crecimiento dependen en buena parte del volumen de afiliados que administren. También las centrales obreras y los representantes de los pensionados suelen pronunciarse, divididos según el sistema al que estén vinculados.
El cambio de Gobierno en Colombia arrastra un paquete amplio de decretos, resoluciones y proyectos de ley firmados por la administración anterior. Algunos se mantienen, otros se ajustan y otros tantos se derogan de forma expresa. El Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera suelen ser las entidades llamadas a ejecutar estas modificaciones y a darles el trámite formal correspondiente.
Queda pendiente conocer el texto exacto del decreto o proyecto con el que el gobierno de De la Espriella pretende reversar la medida de Petro, la fecha en que entraría en vigencia y si aplicará únicamente hacia futuro o si tendrá efectos retroactivos sobre los trabajadores ya afiliados. Mientras tanto, el sector financiero y los usuarios del sistema están a la expectativa de los anuncios oficiales que aclaren el rumbo del ahorro pensional en el país.