De la Espriella, quien ganó las elecciones y se posesionará próximamente, señaló que recortará el dinero destinado a entidades centrales del sistema de implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. El anuncio, recogido por EL PAÍS, genera expectativa sobre el tamaño del ajuste y sobre las áreas que resultarían más afectadas.
Entre las entidades mencionadas por el reporte están la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. También aparecen los programas de reincorporación de excombatientes y los esquemas de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La JEP fue creada por el Congreso de la República como componente judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su tarea es juzgar las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas durante el conflicto, por lo que su financiamiento depende del presupuesto nacional.
Los procesos de reincorporación agrupan a miles de personas que dejaron las armas tras el acuerdo con la entonces guerrilla de las FARC. Estas personas acceden a proyectos productivos, acompañamiento psicosocial y rutas de educación, actividades financiadas con recursos del Estado y, en buena medida, con cooperación internacional canalizada por el Presupuesto General de la Nación.
Por su parte, los programas de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos buscan reducir los riesgos de una población especialmente afectada por la violencia. La Unidad Nacional de Protección y otras dependencias manejan estos esquemas, que requieren presupuesto continuo para funcionar.
De la Espriella todavía no llega a la Casa de Nariño, por lo que sus anuncios se conocen antes de que asuma formalmente la presidencia. Esa secuencia es relevante, porque las decisiones presupuestales efectivas solo pueden tomarse una vez el nuevo gobierno presente su Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de ley de presupuesto al Congreso.
Según EL PAÍS, la propuesta de asfixia presupuestal pone a tambalear a las tres entidades mencionadas. En términos prácticos, un recorte sostenido podría traducirse en menos procesos judiciales activos en la JEP, menor cobertura para excombatientes en proceso de reincorporación y un debilitamiento de las medidas de protección para líderes sociales.
Para los ciudadanos, el posible impacto es doble. Por un lado, las víctimas del conflicto podrían ver ralentizadas las investigaciones y las decisiones judiciales. Por otro, las comunidades en zonas rurales, donde operan los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, dependen de la continuidad de estos programas para sostener los procesos de estabilización.
Organizaciones de víctimas, plataformas de derechos humanos y sectores académicos han advertido en otras ocasiones sobre los riesgos de desfinanciar la implementación. Aunque el reporte de EL PAÍS no transcribe pronunciamientos específicos sobre este anuncio, el antecedente muestra que cada ajuste presupuestal en estas entidades suele abrir debates públicos sobre el cumplimiento del acuerdo de paz.
Queda pendiente conocer los detalles del plan de recortes, las cifras concretas que se proponen y la posición que adopten el Congreso y los organismos de control. También se observará cómo reaccionan los países y agencias cooperantes que aportan recursos al sistema de paz, cuyo papel es clave en la financiación de varias de estas entidades.