El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó que presentará ante el Congreso un acto legislativo con el propósito de que Barranquilla sea reconocida constitucionalmente como 'capital alterna' de Colombia, según reportó Portafolio.co. La reforma hace parte del paquete de iniciativas prioritarias que el nuevo gobierno proyecta radicar al inicio de su mandato.
La figura de 'capital alterna' no existe hoy en la Constitución ni en el ordenamiento colombiano. Bogotá concentra desde 1991, en el artículo 323, el carácter de capital del distrito capital y sede de los órganos principales del Estado. Cualquier modificación de ese rango exige, por tanto, una reforma a la Carta Política, lo que implica ocho debates en el Congreso y el trámite ante una comisión accidental.
La propuesta llega en un momento en el que varias regiones del país han reclamado mayor visibilidad institucional fuera de la capital. El reconocimiento de una capital alterna, en la práctica, podría traducirse en la realización periódica de sesiones del Gobierno, consejos de ministros o actos oficiales en esa ciudad, aunque el articulado exacto del proyecto aún no se conoce públicamente.
Barranquilla, capital del Atlántico, ha sido históricamente un polo industrial, portuario y cultural del Caribe colombiano. En las últimas décadas la ciudad ha impulsado proyectos de infraestructura como la recuperación del río Magdalena, la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz y la construcción de malecones, que le han dado un peso económico creciente dentro de la región.
Para los ciudadanos del común, el cambio constitucional tendría efectos principalmente simbólicos y administrativos. No implicaría, por sí solo, el traslado de entidades públicas ni de los órganos del Estado, que siguen radicados en Bogotá, pero sí podría abrir la puerta a que algunas actividades oficiales se desplacen de manera rotativa a la costa Caribe.
La iniciativa deberá superar un trámite exigente. Una reforma constitucional en Colombia requiere ser aprobada en ocho debates, cuatro en la Cámara y cuatro en el Senado, con votación en dos legislaturas consecutivas. Gobiernos anteriores han visto frenadas reformas similares por falta de consensos o por cambios en las prioridades legislativas, por lo que el calendario real del proyecto dependerá del apoyo que recoja en el Capitolio.
Desde el Atlántico, sectores políticos y gremiales han respaldado en los últimos años la idea de descentralizar algunas funciones del Estado. Argumentan que Bogotá concentra buena parte de la inversión pública y que reconocer a Barranquilla como sede alterna ayudaría a equilibrar la presencia nacional en las regiones, aunque otros analistas advierten que una declaratoria sin competencias claras corre el riesgo de quedar en el plano simbólico.
Por ahora, el equipo del presidente electo no ha detallado el texto del articulado ni las funciones específicas que tendría Barranquilla en caso de aprobarse la reforma. Se espera que en las próximas semanas se conozcan los ponentes y el proyecto formal, una vez el nuevo gobierno se posesione y arranque su agenda legislativa en el Congreso.
El debate, en cualquier caso, ya quedó instalado. La pregunta que queda sobre la mesa es si la figura de capital alterna se convertirá en un mecanismo real de desconcentración administrativa o si permanecerá como una distinción de carácter protocolario, sin efectos prácticos para la vida de los ciudadanos.