El presidente Abelardo de la Espriella presentó este miércoles, desde Bogotá, los términos del acuerdo alcanzado con el sector asegurador colombiano para responder con mayor rapidez a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. La medida central es la agilización del pago de pólizas a los afectados, uno de los reclamos más urgentes desde que ocurrió el siniestro.
El sismo, registrado el 10 de agosto, ha dejado hasta el momento 314 personas fallecidas, según el reporte oficial citado por HolaNews. El balance de víctimas y daños ha ido creciendo a medida que los equipos de rescate y las entidades territoriales completan los censos en las zonas impactadas, varias de ellas con dificultades de acceso por la magnitud de los derrumbes y los daños en la infraestructura vial.
El convenio con las aseguradoras fue anunciado tras una reunión entre el Gobierno nacional y los representantes del sector, en la que se definieron los mecanismos para que las indemnizaciones lleguen sin demoras burocráticas a los hogares y negocios cubiertos por pólizas de daños, vida y catastrophe. La meta declarada es que los damnificados con seguros vigentes puedan recibir su pago en plazos mucho más cortos que los habituales.
Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno había concentrado sus esfuerzos en la atención humanitaria, la búsqueda de personas desaparecidas y la rehabilitación de los servicios esenciales en los municipios más golpeados. El acuerdo con el sector asegurador se inscribe en esa misma línea, pero traslada al componente financiero la responsabilidad de reconstruir lo perdido, al menos en los casos donde existe una cobertura contratada.
El anuncio llega en un momento en el que las familias damnificadas esperan soluciones concretas tras casi diez días de emergencia. Muchos hogares perdieron sus viviendas, sus enseres y, en los casos más graves, a miembros de su familia, por lo que el acceso rápido a recursos se convierte en un factor determinante para la recuperación.
Para el sector empresarial, sobre todo para los pequeños comerciantes y productores de las zonas afectadas, el pago oportuno de las pólizas puede marcar la diferencia entre poder reabrir sus negocios o quedar por fuera del mercado. En regiones donde la economía local depende de talleres, tiendas y fincas, la reconstrucción rápida depende en buena parte de que el dinero de los seguros llegue a tiempo.
La reunión también permitió coordinar con las aseguradoras los canales de atención preferente para los afectados, con líneas especiales y equipos dedicados en las zonas del desastre. De la Espriella insistió en que el seguimiento al cumplimiento de los plazos será permanente y que el Gobierno supervisará que las compañías cumplan lo pactado.
Quedan pendientes varios frentes: el censo consolidado de daños, la cuantificación total de viviendas destruidas y el plan de reconstrucción en las zonas donde la afectación fue mayor. El Gobierno no ha detallado aún el monto global de los recursos que se movilizarán ni los mecanismos de ayuda para quienes no contaban con pólizas, un punto clave para las familias más vulnerables.
En las próximas semanas se espera que las aseguradoras empiecen a reportar los primeros pagos efectivamente realizados, lo que servirá como termómetro para medir si el acuerdo se traduce en resultados concretos para la población damnificada.