El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la conformación de un bloque nacional dedicado a enfrentar la extorsión en Colombia, según informó el medio Aldía.co. La decisión se tomó con el propósito de ubicar a los principales responsables de este delito y seguir la ruta del dinero que mueve las organizaciones criminales dedicadas a esa práctica.
De acuerdo con la fuente, la nueva unidad trabajará de forma conjunta entre distintas entidades del Estado. El objetivo explícito es concentrar capacidades de investigación, inteligencia y acción judicial en un mismo frente operativo, algo que el gobierno considera necesario ante la dispersión de esfuerzos que, según el propio Ejecutivo, ha dificultado los resultados contra las redes extorsionadoras.
La extorsión es uno de los delitos que más afecta a los colombianos en su vida cotidiana. Comerciantes, transportadores, agricultores,Constructores, profesionales independientes y pequeños negocios sufren amenazas y exigencias económicas a cambio de no atentar contra su integridad o su patrimonio. En muchas regiones del país el pago de extorsiones se ha vuelto una carga paralela al funcionamiento normal de la actividad económica.
La estrategia anunciada por De la Espriella se inscribe en la línea tradicional de los planes de seguridad que han buscado en las últimas décadas golpear las finanzas de las estructuras criminales. El enfoque de seguir el dinero no es nuevo dentro de la política antinarcótica y de lucha contra el crimen organizado, pero su aplicación específica al delito de extorsión implica reforzar las capacidades de la Unidad de Información y Análisis Financiero y de la Fiscalía en la identificación y extinción de bienes.
Para los ciudadanos, una iniciativa de este tipo puede traducirse en mayor protección si se traduce en capturas, judicializaciones y decomiso de activos. También implica riesgos si las operaciones se concentran en zonas urbanas y dejan desatendidas las regiones donde la extorsión opera con mayor naturalidad, como algunas zonas del suroccidente, el nororiente y el Magdalena Medio, donde el fenómeno se mezcla con economías ilegales.
El gobierno no ha detallado en esta primera comunicación qué entidades conformarán el bloque ni cuál será su dependencia jerárquica. Tampoco se conoce el cronograma de puesta en marcha ni los recursos específicos que se le asignarán. Estos elementos suelen definir si una estrategia de este tipo pasa de ser un anuncio a convertirse en una política operativa con resultados medibles.
Sectores gremiales y víctimas de extorsión han pedido en distintas ocasiones que las medidas contra este delito incluyan protección efectiva para los denunciantes, acompañamiento psicosocial y canales seguros para reportar. La credibilidad de la nueva unidad dependerá, en buena parte, de que los ciudadanos encuentren condiciones reales para denunciar sin poner en riesgo su vida ni la de sus familias.
Por ahora, el anuncio marca la línea de lo que será uno de los ejes de la política de seguridad del gobierno de De la Espriella. Lo que sigue es conocer la estructura del bloque, los indicadores que se fijarán para evaluar su desempeño y los resultados concretos en los primeros meses de operación, que serán la verdadera prueba de la estrategia.