El presidente Abelardo de la Espriella anunció el desmonte de la política de “paz total”, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro. La información fue publicada por estrategiaynegocios.net, medio que dio a conocer la declaración presidencial.
La “paz total” fue la estrategia con la que el gobierno de Petro buscó abrir diálogos simultáneos con distintos grupos armados y estructuras criminales. Incluyó acercamientos con el ELN, las disidencias de las FARC, organizaciones paramilitares restantes y organizaciones vinculadas al narcotráfico, bajo el argumento de reducir la violencia en los territorios.
Según la fuente, el nuevo gobierno considera que ese enfoque no produjo los resultados esperados en materia de seguridad ni de reducción de la violencia. El anuncio de De la Espriella abre la puerta a un rediseño de la estrategia de negociación y de la presencia militar en las zonas afectadas por el conflicto.
El desmonte implica el cierre de las mesas de diálogo que venían funcionando bajo el marco de la “paz total”. También plantea redefinir la participación del Estado en los procesos de sometimiento a la justicia por parte de estructuras criminales, un aspecto que estuvo en el centro de las discusiones durante la administración anterior.
Para los ciudadanos, el cambio de política puede traducirse en modificaciones operativas en regiones donde hacen presencia grupos armados. Habitantes de zonas como el Catatumbo, el Cauca, el sur de Bolívar y Putumayo, mencionadas en distintos momentos del proceso anterior, estarían entre los más afectados por el giro en la estrategia de diálogo.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han reclamado, en pasadas coyunturas, que cualquier modificación en las conversaciones de paz se acompañe de garantías para las comunidades y para los excombatientes en proceso de reincorporación. Hasta el momento, el reporte de estrategiaynegocios.net no detalla los mecanismos de transición que se implementarían.
El cambio anunciado por De la Espriella se inscribe en un giro más amplio en la política de seguridad y orden público del nuevo gobierno, que ha planteado revisar varias de las directrices heredadas de la administración Petro. Sectores políticos y empresariales venían pidiendo ajustes al enfoque de “paz total” desde hace meses.
Queda pendiente conocer el contenido del decreto o proyecto mediante el cual se formalizará el desmonte, así como el cronograma para la transición de las mesas activas. La fuente tampoco precisa si se mantendrá algún canal de conversación con grupos armados o si se dará paso a un modelo diferente de sometimiento colectivo.
El seguimiento de este proceso será clave para medir el impacto en indicadores de seguridad, como tasas de homicidio, masacres, secuestro y desplazamiento forzado, que durante la vigencia de la “paz total” mostraron variaciones según las regiones y los actores armados involucrados.